La sanción a Cristina Kirchner y la oportunidad para investigar YPF
Un día después de que Estados Unidos impusiera sanciones a la ex presidenta Cristina Kirchner, prohibiéndole la entrada al país, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, propuso una audaz iniciativa. Francos sugirió que la sanción a la ex mandataria abre una «buena oportunidad» para investigar la nacionalización de YPF, un caso que culminó en una condena de 16 mil millones de dólares contra Argentina.
«Si inicia esta investigación, yo creo que debería caerse esta sentencia contra la Argentina», afirmó Francos en declaraciones radiales, argumentando que el proceso de estatización de la petrolera «está embebido en un hecho de corrupción gravísimo que tiene ese costo para Argentina». Francos instó a la Secretaría de Justicia de Estados Unidos a «hacer una investigación sobre todo el tema YPF», calificándolo como «uno de los hechos de corrupción más grandes de la Argentina».
El origen del conflicto y la supuesta «estafa»
Según Francos, la raíz del problema se remonta a 2007, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner exigió a Repsol, accionista mayoritario de YPF, que cediera el 25% de sus acciones a una empresa argentina, el Grupo Petersen, y que el costo de esa transacción se pagara con las ganancias futuras de la petrolera. Esta maniobra, según el jefe de Gabinete, sentó las bases para una «estafa» que culminó con la condena millonaria contra Argentina.
«Esto se termina de consolidar en un juzgado civil de Nueva York, configurando una estafa dentro de la justicia americana», aseguró Francos. El funcionario sostiene que el fondo buitre Burford Capital, que adquirió los derechos litigiosos del Grupo Petersen, utilizó la justicia estadounidense para «blanquear un delito» y obtener una sentencia favorable. Francos confía en que una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos podría desentrañar la trama de corrupción y anular la condena contra Argentina.
La sanción a Cristina Kirchner por corrupción
La sanción impuesta por Estados Unidos a Cristina Kirchner se basa en acusaciones de corrupción relacionadas con contratos de obras públicas durante su presidencia. El senador republicano Marco Rubio, impulsor de la medida, acusó a la ex mandataria de «abusar de sus cargos al orquestar y beneficiarse financieramente de múltiples esquemas de soborno». La sanción la declara inelegible para ingresar a Estados Unidos, junto a Julio De Vido y sus familiares inmediatos. «Estados Unidos continuará promoviendo la rendición de cuentas de quienes abusan del poder público en beneficio propio», reza el comunicado oficial.
