Rebaja de la edad de imputabilidad: el oficialismo busca el apoyo del massismo para aprobar el proyecto
El Gobierno nacional reimpulsa el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad en Argentina, en un contexto marcado por la creciente preocupación social por la delincuencia juvenil y tras el pedido del diputado Javier Milei en la apertura de sesiones legislativas. El proyecto del Ejecutivo, impulsado por las ministras Patricia Bullrich (Seguridad) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia), propone reducir la edad de imputabilidad a 13 años. Sin embargo, la iniciativa enfrenta resistencia en la oposición, donde la mayoría de los proyectos presentados coinciden en establecer el límite en los 14 años.
El oficialismo apuesta a generar divisiones dentro del bloque de Unión por la Patria (UP) para asegurar los votos necesarios para la aprobación del proyecto en el recinto. La estrategia se centra en el apoyo del sector liderado por Sergio Massa, quien ya en 2014 había planteado la necesidad de abordar la problemática de la delincuencia juvenil. El diputado Ramiro Gutiérrez, perteneciente al Frente Renovador, presentó el único proyecto dentro de UP que propone bajar la edad de imputabilidad a 14 años. «A los 14 años hay plena comprensión de la criminalidad de un acto», señaló Gutiérrez.
Puntos de controversia y ejes del debate
Más allá de la edad en sí, el debate se centra en otros aspectos cruciales, como el financiamiento para la construcción de centros de detención para menores, la creación de órganos judiciales especializados y las penas alternativas a la prisión. El oficialismo defiende la necesidad de establecer un marco legal claro para abordar la delincuencia juvenil, argumentando que la situación actual deja en un limbo jurídico a menores detenidos por su peligrosidad.
La oposición, por su parte, critica la falta de una planificación integral que acompañe la baja de la edad de imputabilidad, advirtiendo sobre la posibilidad de que los jueces liberen a los menores por falta de lugares donde alojarlos. Asimismo, se cuestiona la persistencia del fuero de menores, heredado de la época del proceso militar, y la necesidad de una reforma profunda del sistema de justicia juvenil. En este sentido, la diputada del PRO, Laura Machado, aseguró que en caso de aprobarse la ley, los menores no irían “a prisión con adultos” y que se aplicarían penas alternativas según el delito cometido.
Otros temas de debate son los tipos de delitos a los que se aplicaría la baja de la edad de imputabilidad, las escalas penales y las sanciones alternativas a la prisión. Los proyectos presentados plantean un amplio abanico de opciones, desde amonestaciones y servicios comunitarios hasta monitoreo electrónico y prisión domiciliaria. La propuesta del Ejecutivo establece sanciones alternativas a la prisión para penas menores a 6 años, siempre que la víctima no haya fallecido y el imputado no tenga antecedentes penales.
