Imputación a funcionarios por destrozos en medios de comunicación: El detrás de escena de un ataque «coordinado»
La Fiscalía ha puesto la lupa sobre tres funcionarios ligados a La Cámpora, imputándolos por los graves destrozos perpetrados en las instalaciones de TN y Canal 13. El incidente, que se registró el pasado 10 de junio, implicó daños materiales considerables, incluyendo vehículos, bicicletas, estanterías y vidrios, y ha generado una investigación que, tras casi un mes de trabajo, comienza a arrojar luz sobre las responsabilidades.
Los nombres que resuenan en esta causa son los de Pablo “Tato” Giles, asesor de la senadora nacional María Celeste Giménez Navarro; José Lepere, director de Relaciones con el Poder Ejecutivo de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires; y Matías Federici, director de Estadística Penitenciaria de la Subsecretaría de Políticas Penitenciarias del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Para estos tres individuos, la justicia ha dictaminado medidas restrictivas que incluyen la comparecencia quincenal ante la sede fiscal y una prohibición de acercamiento a la empresa Artear, fijando una distancia mínima de 300 metros. Uno podría pensar que están estableciendo un ‘cordón sanitario’ para evitar futuras inspiraciones artísticas, pero es simplemente una restricción judicial.
Este lunes, los tres imputados comparecieron para prestar declaración indagatoria ante la fiscal Andrea Scanga, titular de la Fiscalía PCyF 13. La celeridad de las imputaciones, después de un período de análisis, sugiere que la investigación ha logrado consolidar pruebas significativas respecto a la participación de los señalados.
El trasfondo del ataque y las particularidades de la imputación
El ataque al edificio de Artear, desde donde operan TN y Eltrece, tuvo lugar la noche del martes 10 de junio, en un contexto de alta tensión política. Ocurrió apenas horas después de que la Corte Suprema ratificara la pena propuesta por la Cámara de Casación, que podría derivar en la detención de Cristina Kirchner en el marco de la causa Vialidad. Si bien inicialmente se reportó el ingreso de aproximadamente 70 personas a las instalaciones, la investigación subsiguiente ha permitido afinar el panorama de los implicados, determinando responsabilidades concretas.
Un caso particular es el de Federici, quien fue imputado por malversación de caudales públicos. La acusación se basa en el uso de una camioneta perteneciente al Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para trasladarse al punto de encuentro en Humberto 1º y Santiago del Estero, desde donde se dirigió, junto a un grupo, al lugar de los hechos. Esta acción le valió, además de las restricciones comunes a los tres imputados, una prohibición expresa para salir del país. Se ve que el turismo corporativo con fines vandálicos no está bien visto por la Justicia.
La Fiscalía sostiene que los funcionarios camporistas actuaron de manera «coordinada y previamente organizada» para dirigirse al predio del canal. A pesar de la expresa voluntad del personal de seguridad, que intentó impedir su ingreso, los imputados «rompieron las barreras de acceso, arrojaron piedras contra los vehículos estacionados en el lugar», causando daños significativos en ellos y en dos bicicletas. Una vez dentro, lanzaron «piedras contra vidrieras, pantallas y mobiliario», provocando su rotura, y realizaron pintadas en las paredes de la planta baja, para luego darse a la fuga. Un verdadero despliegue de ingenio en la disciplina de demolición express.
Los perfiles de los imputados: Militancia y cargos públicos
José Lepere, de 49 años y oriundo de Longchamps, es un nombre conocido en los pasillos del poder. Se desempeñó como el «número dos» de Wado de Pedro en el Ministerio del Interior durante la gestión de Alberto Fernández. Su militancia camporista siempre fue activa en Almirante Brown, donde presidió el bloque de concejales del Frente para la Victoria entre 2015 y 2019, coincidiendo, curiosamente, con el gobierno de Macri. En 2019, intentó ser senador provincial por la Tercera Sección Electoral, la misma en la que Cristina Kirchner buscaba ser diputada provincial antes de su inhabilitación. Además, fue asesor de la diputada y ex directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano. Actualmente, ocupa el cargo de director de Relaciones con el Poder Ejecutivo de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Parece que no le faltan credenciales para el «relacionamiento», aunque esta vez, fue con piedras.
Pablo “Tato” Giles, de 40 años y proveniente de Merlo, es un militante camporista de larga data. Su estructura de lealtades lo posiciona directamente bajo la órbita de Wado de Pedro, aunque también mantiene lazos con Máximo Kirchner, siendo considerado el secretario de organización en el mapa camporista. Durante el gobierno de Alberto Fernández, la actividad de Giles como funcionario nacional fue significativa, manteniendo un centenar de audiencias con diversos dirigentes y siendo parte de la mesa chica de «Wado». Actualmente, se desempeña como asesor de la senadora nacional María Celeste Giménez Navarro.
Matías Federici fue nombrado por Juan Martín Mena, principal operador judicial al servicio de Cristina Kirchner y actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, como director de Estadística Penitenciaria de Buenos Aires. Si bien su experiencia previa no era en asuntos penitenciarios, Federici tenía un historial en cuestiones estatales: desde Lenovo, la empresa tecnológica donde trabajó a mediados de la década pasada, dio el salto a la Cámara de Diputados nacional, luego a la de la Provincia, y posteriormente a la Administración de los Bienes de Estado. Desde allí, con el aval de Mena, llegó al Ministerio de Justicia bonaerense. Un currículum variado, que ahora suma a su lista de experiencias un encuentro cercano del tercer tipo con la Fiscalía, y una «prohibición de salir del país». Así que, por ahora, Federici tendrá que posponer sus vacaciones soñadas en el Caribe y conformarse con el paisaje bonaerense.
