¡Paren las rotativas! Garro, el exintendente de La Plata, ¿metido en un quilombo de countries truchos? 400 barrios privados autorizados ilegalmente… ¡parece que alguien confundió la intendencia con un club de amigos! ¿Y la plata? 700.000 millones de pesos que volaron. ¡Un mago! ¿Será que Garro encontró la fórmula para hacer desaparecer la guita? La inmobiliaria ONE también en la mira… ¿casualidad? No lo creo. ¡Este culebrón recién empieza!
Imputación, allanamientos, 1.500 millones de dólares… ¡Números que marean! ¿Alguien más se acuerda de la crisis del 2001? Parece que algunos aprendieron poco y nada. ¿Y los vecinos? Pagando el pato, como siempre. ¡Qué país generoso! Habrá que esperar a ver qué dice la justicia… aunque a veces la justicia tarda, pero llega… ¿o no?
Garro, imputado por asociación ilícita en la autorización de 400 barrios privados
La fiscalía platense, a cargo de Juan Cruz Codomi Alcorta, imputó al exintendente Julio Garro por su presunta participación en una asociación ilícita que habría autorizado ilegalmente la construcción de 400 barrios privados en la ciudad. La imputación incluye los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Allanamientos y un perjuicio millonario
Tras la imputación, se realizaron allanamientos en propiedades y oficinas vinculadas a exfuncionarios y empresarios de la construcción, incluyendo las empresas Les Baux Obras y Servicios S.A.S., Bordigoni y Cía. SRL, Solvial Construcciones y Agrycon S.A., señaladas por su presunto rol en la aprobación irregular de los proyectos. El fiscal Codomi Alcorta estima el perjuicio económico en 700.000 millones de pesos, con un volumen total de operaciones inmobiliarias que rondaría los 1.500 millones de dólares.
El esquema de corrupción
La investigación revela un posible esquema en el que se exigía a los desarrolladores la contratación de una constructora, supuestamente vinculada a funcionarios de la gestión de Garro, para la urbanización de los barrios. Además, se investiga la relación del exintendente con la inmobiliaria ONE, sospechosa de comercializar terrenos de estos emprendimientos irregulares. Entre las pruebas se encuentran documentos alterados, sobreprecios en obras públicas y desvíos de fondos. Según el expediente, Garro habría autorizado los barrios «a cambio del 20% de los lotes», violando la normativa provincial. La trama se completa con la posterior aprobación de obras de infraestructura, condicionada a la contratación de la constructora «propuesta» por la gestión.