Indagatoria al titular del RENAPER por la causa Securitas
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado indagó a Pablo Luis Santos, actual titular del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), por su presunta participación en una trama de corrupción que involucra contratos de seguridad con la empresa Securitas. La investigación se centra en la firma de contratos sospechosos de encubrir coimas durante las gestiones presidenciales de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Se indagan posibles delitos de cohecho y direccionamiento de licitaciones públicas.
Sospechas de corrupción que salpican a varios organismos
La causa Securitas, que cobró notoriedad tras la difusión de un video del ex senador Edgardo Kueider contando fajos de dólares, se extiende a otros organismos estatales como el Estado Mayor del Ejército, el Senasa y Aeropuertos Argentina 2000. Santos, quien antes de ser designado por el presidente Javier Milei era director de administración del RENAPER, es uno de los aproximadamente 30 funcionarios y ex funcionarios indagados. El fiscal Fernando Domínguez, con el respaldo de la PROCELAC y la PIA, «avanza» en la investigación de esta megacausa que revela la oscura trama del negocio de la seguridad privada en el Estado.
El entramado de coimas y direccionamiento de licitaciones
Los fiscales imputan a Santos haberse «interesado directamente en miras de un beneficio de un tercero en los procedimientos de selección de dicho organismo», direccionando la adjudicación de contratos a empresas satélites de Securitas como Consultora Videco y MAC. «Recibió dinero para hacer, retrasar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones», según la acusación, basada en el análisis de licitaciones millonarias, correos electrónicos interceptados y testimonios. Se investiga un sistema de pagos irregulares que incluía desde sobres con dinero entregados en vehículos blindados cerca del Obelisco hasta pasajes aéreos y estadías en hoteles europeos para oficiales de la PSA. La causa se originó en una autodenuncia de los propietarios extranjeros de Securitas, a raíz de una investigación interna que reveló la existencia de más de «300 proveedores fraudulentos» utilizados para encubrir el pago de sobornos.
