Gildo Insfrán: la eterna permanencia en el poder y la pirueta legal para una nueva reelección
Formosa tiene un nombre propio que resuena con particular intensidad en la política argentina: Gildo Insfrán. El actual gobernador, quien el pasado 19 de enero alcanzó los 74 años, se encamina a celebrar en diciembre un hito sin precedentes: tres décadas ininterrumpidas al frente de la provincia. Su asunción en 1995 lo encontró con apenas 44 años, marcando el inicio de una racha de siete reelecciones consecutivas. Previamente, ya había acumulado dos períodos como vicegobernador provincial, consolidando una trayectoria política de una longevidad asombrosa.
Si las proyecciones de su equipo político se materializan, Insfrán podría extender su récord personal hasta el año 2035. De ser así, alcanzaría los 84 años de edad y la friolera de 40 años como gobernador provincial. Esta perspectiva, naturalmente, suscita una pregunta recurrente: ¿acaso la Corte Suprema de la Nación no había establecido un límite a la reelección indefinida en Formosa?
La Corte, la Constitución y la «picardía» política
La respuesta es afirmativa, pero con una salvedad que redefine el panorama. El Máximo Tribunal efectivamente declaró inconstitucional la reelección indefinida, pero Insfrán, lejos de ver truncadas sus aspiraciones, se apresta a una nueva jugada legal. La estrategia radica en la reformulación de la carta magna local, la cual ahora establecería un límite a las reelecciones, tal como lo demandaba la Corte. Sin embargo, y aquí reside la clave del asunto, este cambio comenzaría a regir ‘a partir de ahora’, lo que implica que sus mandatos anteriores simplemente dejarían de computarse a los efectos de esta nueva normativa. Este artilugio legal le permitiría al actual gobernador presentarse nuevamente en 2027 y, llegado el caso, en 2031, con el aval de lo que el gobierno provincial considera «señales judiciales» favorables.
La planificación de esta maniobra contó con el asesoramiento de un destacado constitucionalista, cuyo nombre se mantiene en reserva pero cuyo prestigio en el «Círculo Rojo» es notorio. Esta aproximación no es inédita en la política argentina; de hecho, dirigentes de otras provincias y de diversos partidos han recurrido a estrategias similares. La premisa es clara: se modifica la normativa, pero el punto de partida para la aplicación de las nuevas reglas se establece en el presente, borrando de un plumazo la historia electoral previa del funcionario en cuestión. Una suerte de amnesia institucional, convenientemente aplicada.
Intendentes bonaerenses: el espejo de una praxis extendida
Un eco de esta práctica se observa en la provincia de Buenos Aires, donde los intendentes acordaron, en su momento, una interpretación que les permitió ser reelectos en 2023. Ante la limitación interpretativa para las elecciones de 2027, estos actores políticos se encuentran en una suerte de compás de espera, agazapados, a la expectativa de la oportunidad propicia para reinstaurar la reelección indefinida en sus cargos. Un primer movimiento en esta dirección se dio la semana pasada en el Senado bonaerense, donde se avanzó en la reinstauración de esta norma, pero aplicada a legisladores y concejales municipales.
Resta por verse si esta jugada logrará superar el filtro de la Cámara de Diputados provincial y, más importante aún para los intendentes, si podrán sumarse a esta iniciativa en un segundo capítulo. Todos estos movimientos, que revelan la persistencia de una «casta» política aferrada a sus privilegios y a la continuidad de sus mandatos, no hacen más que ofrecer explicaciones a la irrupción de figuras hasta hace poco «impensadas» y claramente «outsiders» en el escenario político, como lo fue en su momento Javier Milei.
