El presidente Javier Milei llegó el martes pasado a Jerusalén para su visita a Benjamín Netanyahu, con quien estrechó aún más su ya cercana alianza. Comenzó su retorno al país, vía Madrid, el jueves. Fue horas antes del masivo ataque de Israel a las instalaciones nucleares y militares iraníes, lo que incluyó el asesinato selectivo de uniformados y científicos ligados al programa atómico persa.
En el ínterin, la más influyente prensa de Teherán publicó una curiosa información sobre la causa judicial abierta en ese país e iniciada contra 13 ex y actuales funcionarios y personalidades argentinas involucradas en la cinematográfica detención, en 2022, de 19 persas y venezolanos que estuvieron demorados cinco meses en Argentina. Formaban parte de la tripulación de un avión decomisado luego por Estados Unidos en febrero de 2024.
El avión era el Boeing747-300 que la empresa iraní Maham Air le había transferido años atrás a la venezolana Emtrasur Cargo.
Ahora, según consignaba durante la visita de Milei a Israel el influyente Tehran Times, la voz de los ayatolás que gobiernan la República Islámica de Irán, el abogado Ali Mashayekhi anunció que su cliente, el capitán Gholamreza Ghasemi, piloto de aquel vuelo de Emtrasur a la Argentina y otros tripulantes presentaron una denuncia contra todos.
AP
Declaró Mashayekhi que “tras las acciones ilegales y contrarias a las obligaciones internacionales de algunos funcionarios argentinos contra el avión de Emtrasur y la toma de rehenes, tortura y maltrato físico y psicológico de la tripulación y sus familias durante 150 días”, cinco de los retenidos por Argentina, empezando por Ghamesi, habían presentado una demanda ante el Tribunal General de Teherán “contra los gerentes, patrocinadores y, en aquel entonces y en la actualidad, funcionarios de Argentina y Estados Unidos, solicitando una investigación y reclamando daños y perjuicios”. La denuncia dice que ese escenario fue creado por «el régimen sionista (así llaman en Irán a Israel) y el de Estados Unidos.
Añadió el abogado: «En esta demanda, invocando los principios fundamentales del derecho internacional, los tratados internacionales y el derecho interno de la República Islámica de Irán, exigimos una indemnización por todos los daños materiales y morales sufridos, así como la condena solidaria de los funcionarios e instituciones pertinentes de Argentina y Estados Unidos».
La denuncia pública no da nombres, pero dice que hay presidente y ministros. Pero no se sabe si hacen referencia a Alberto Fernández (bajo cuyo gobierno se dio el incidente) o a Javier Milei (bajo cuyo gobierno se le entregó el avión a EE.UU).
En las fotos publicadas por los medios iraníes de los denunciados se ven al expresidente de DAIA, Jorge Knoblovits, al juez federal que llevó el caso, Federico Villena, la fiscal Cecilia Incardona, al ministro de Justicia de Fernández, Martín Soria, y a varios diputados, entre ellos Gerardo Milman y Ricardo López Murphy.
«En esta demanda, el gobierno argentino, como persona jurídica, junto con 13 funcionarios gubernamentales y judiciales de ese país, entre ellos el presidente, los ministros de Relaciones Exteriores, Seguridad y Justicia, un juez federal, un fiscal y varios parlamentarios, han sido acusados», dice el abogado que agrega. «La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y el gobierno de Estados Unidos también han sido demandados como partes en la demanda por su participación en la detención y la imposición de presiones políticas a funcionarios argentinos».
Algunas de las figuras mencionadas en la denuncia Entre ellas, de derecha izquierda, los diputados Gerardo Milman y Ricardo López Murphy; el juez Federico Villena; la fiscal Cecilia Incardona; el ex presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits. Autoridades locales consultadas, que ya están al tanto de la situación, opinaron que la noticia fue publicada más por el «enojo» del régimen iraní contra la presencia de Milei en Israel que en relación con los ataques militares contra Irán. Pero, a pesar de que la denuncia está concentrada en los tribunales iraníes, no deja de preocupar el hecho de que estas personas acusadas estén expuestas a peligros jurídicos o físicos cuando viajen por el mundo, debido a cualquier extensión de esta denuncia en países aliados a Irán.
Por cierto, por un lado, la prohibición que en su momento dictó Venezuela para que aviones de Aerolíneas Argentinas sobrevolaran su espacio aéreo en vuelos hacia Miami y Punta Cana -lo que no avaló la Organización de Aviación Civil Internacional- y la detención de argentinos en Venezuela -como el gendarme Nahuel Gallo- no dejan de tener relación con el incidente de Emtrasur.
El caso
El misterioso avión de Emtrasur Cargo llegó a la Argentina el 6 de junio de 2022. Venía de Caracas con 14 venezolanos y cinco iraníes, entre ellos el piloto, Ghamesi.
Poco después, la aeronave, que ya había estado en Paraguay anteriormente, despegó con destino a Montevideo, pero las autoridades uruguayas le negaron el acceso. Debió volver a la Argentina. Estuvo en Córdoba, y al llegar a Ezeiza, fue demorado con todos sus tripulantes. Empezó una larga y mediática saga.
El Boeing 747-300 adaptado como carguero fue retenido en Ezeiza en junio de 2022, cuando aterrizó porque necesitaba combustible y ninguna petrolera accedió entonces a suministrárselo, ya que la aeronave estaba sujeta al complejo sistema de sanciones de los Estados Unidos por supuesto uso para actividades terroristas internacionales. Boeing es de origen estadounidense.
El Departamento de Justicia, el Gobierno de Estados Unidos pedía la confiscación de la aeronave y la DAIA interpuso un pedido para que su tripulación fuera investigada. Todos fueron alojados en un hotel en las afueras de Buenos Aires, se escribieron cientos de artículos, y el régimen de Nicolás Maduro inició una cruzada nacionalista con marchas en las calles pidiendo que “liberaran» al avión y a sus tripulantes.
Se especuló sobre los vínculos de Ghamesi con la Guardia Revolucionaria, pero, a decir verdad, nunca se le encontró relación con el terrorismo como sostenía la querella.
Cinco meses después, y tras los reclamos diplomáticos también de Irán, fueron liberados y los tripulantes se fueron en tandas. El avión, en cambio, quedó en Ezeiza.
Causa nacional. El régimen de Maduro recibió como héroes a los tripulantes de ese país que habían sido demorados en la Argentina por el caso del avión de Emtrasur CArog. Finalmente, un año y medio después de la llegada del avión, en febrero de 2024, cuando ya gobernaba Milei, Washington logró el objetivo.
El gobierno de Milei accedió a lo pedidos judiciales y entregó la aeronave, que durante año y medio había sido supervisada y mantenida por el FBI, técnicos y alguaciles de justicia, y el Gobierno de Estados Unidos se llevó el Boeing 747-300 hacia el aeropuerto ejecutivo de Opa-Locka, en el condado de Miami-Dade.
Según los documentos obtenidos, esta acción de la policía y las autoridades judiciales argentinas se basó en un escenario diseñado por el régimen sionista y Estados Unidos, que provocó que las personas mencionadas fueran detenidas sin derecho a una defensa real y en condiciones inhumanas, y sufrieran numerosas lesiones mentales y psicológicas, así como pérdidas materiales».
«Desafortunadamente, en este incidente, además de las lesiones mentales y psicológicas sufridas por la élite iraní y los instructores de vuelo, sus familias también fueron sometidas a un severo acoso psicológico debido a la continua publicación de noticias falsas y se les privó de sus derechos fundamentales de visita debido a la negativa del gobierno argentino a emitir visas», dice la denuncia de los tripulantes presentada ahora en Irán. Dicen también haber sufrido pérdidas materiales.
«A pesar de haber diseñado un complejo escenario para imponer cargos falsos por parte de las autoridades judiciales y de seguridad de la época en Argentina, Israel y Estados Unidos, acompañado de arrestos y registros nocturnos, confiscación de pertenencias personales y detenciones prolongadas en difíciles condiciones de seguridad, finalmente, debido a la falta de pruebas y a la persecución profesional del equipo legal de los acusados, el gobierno y el sistema judicial argentinos se vieron obligados a someterse a la justicia y a la liberación de las personas mencionadas», concluye.
