Con el respaldo de sectores del macrismo y de la Unión Cívica Radical, la oposición avanza en un plan para reformar el esquema previsional. El objetivo principal es instaurar una nueva prestación para quienes no completan los 30 años de aportes requeridos, así como un incremento en los haberes jubilatorios superior al siete por ciento y la actualización del bono de emergencia con su inclusión en el haber, lo que lo llevaría por encima de los 100.000 pesos.
En este contexto, distintas bancadas, incluyendo al kirchnerismo, Encuentro Federal, los diputados radicales no alineados y la Coalición Cívica, buscan evitar una repetición del escenario del año pasado, cuando el presidente vetó la ley de movilidad jubilatoria, dejando los haberes rezagados frente al avance inflacionario.
La situación actual presenta un escenario que comienza a generar incomodidad en la Casa Rosada. Por un lado, un sector del radicalismo liderado por Rodrigo De Loredo se ha sumado a la iniciativa de crear una prestación previsional proporcional para aquellos sin los 30 años de aportes. Paralelamente, diputados del PRO que responden a Mauricio Macri también impulsan una propuesta similar.
La estrategia de la oposición ha sido dividir los temas en dos proyectos: el que reemplaza la moratoria y el que actualiza el bono de emergencia. De este modo, bancadas como Encuentro Federal, liderado por Miguel Angel Pichetto, y Democracia para Siempre, espacio vinculado a Facundo Manes y Martín Lousteau, buscan alcanzar un consenso con el kirchnerismo que integre a radicales y macristas.
los k buscan posicionarse con un movimiento al centro
¿En qué puntos convergen las distintas fuerzas? En los dictámenes presentados por la oposición –con la excepción del oficialismo, el kirchnerismo y la izquierda– se propone en lugar de la moratoria la creación de una prestación proporcional, tomando como base la Prestación Universal para Adultos Mayores (PUAM), que permitiría a las personas en edad de jubilarse contabilizar los años de aportes.
Por el momento, el bloque de Unión por la Patria es consciente de que solo cuenta con el respaldo de la izquierda para impulsar la continuidad de la moratoria. Ante este panorama, están dispuestos a moderar su postura y buscan una propuesta que consideran razonable. Por ello, respaldarán el proyecto presentado por Nicolás Massot para la creación de una Prestación Proporcional por Vejez (PPV).
Desde el kirchnerismo se considera que esta opción es una de las más inclusivas dentro de las iniciativas previsionales que la oposición debatió en la Cámara Baja. La estrategia es sumar el apoyo de la Coalición Cívica, la UCR, los bloques provinciales y la izquierda.
En definitiva, el objetivo es construir una mayoría ampliada que asegure los dos tercios necesarios para ratificar lo que apruebe el Congreso y, así, rechazar un eventual veto de Javier Milei en su empeño por el equilibrio fiscal.
un aumento del 7,2 % y un bono superior a los $100 mil
Aunque el kirchnerismo se muestra predispuesto a acompañar la propuesta de la prestación previsional, también aspira a que el resto de la oposición respalde el incremento del 7,2 % para todas las jubilaciones, con el fin de recuperar el porcentaje que los jubilados perdieron en enero de 2024 tras la devaluación. Además, solicitan que este aumento se incorpore al haber y sirva como base para futuros incrementos.
Este punto contaría con el apoyo mayoritario de la oposición, al igual que la actualización del bono de $70.000 que refuerza los haberes mínimos. Sobre este último aspecto, las diferencias radican en los montos propuestos: el kirchnerismo plantea elevarlo a $115.000, cifra que surge del ajuste de dicho aporte de emergencia según el índice de inflación. Victoria Tolosa Paz indicó que, con esta medida, la jubilación mínima alcanzaría los $ 432.000.
Massot, por su parte, propone un monto de $ 100.000, cifra derivada de una iniciativa que había presentado Margarita Stolbizer y que, en rigor, llevaba el bono a $105.000.
Un informe reciente de la Oficina de Presupuesto del Congreso detalla que si el bono se eleva a $105.000 a partir de junio, el costo fiscal estimado sería de $1.164 millones (0,14% del PBI), con un costo anualizado de $1.992 millones (0,23% del producto). Si el monto alcanza los $115.000, el impacto sería de $1.500 millones (0,17%), con un costo anualizado de $2.567 millones (0,30%).
La UCR de Rodrigo De Loredo también condiciona al Gobierno. Foto: Federico López Claro.Un elemento que genera preocupación en el Gobierno es que la propuesta de incrementar el bono e incorporarlo al haber para que impacte en futuros aumentos también cuenta con el apoyo de la UCR, que en su dictamen solicitó a la Jefatura de Gabinete que disponga los recursos necesarios, ya sea a través del superávit fiscal, la eliminación de exenciones tributarias o beneficios impositivos.
Las distintas bancadas opositoras buscan, a través de la diversidad de dictámenes, refutar los argumentos del oficialismo presentando alternativas de financiamiento para los aumentos. La Libertad Avanza, por su parte, respalda el proyecto de Silvana Giudici, que propone la creación de una comisión para definir una reforma integral del sistema previsional.
Desde el peronismo, adicionalmente, se impulsa una ampliación de la PUAM para que las mujeres puedan acceder a partir de los 60 años, en lugar de los 65. Está prevista una reunión este fin de semana entre representantes de las fuerzas que promueven estas reformas con el fin de establecer una hoja de ruta para la sesión legislativa que se convocaría para el 20 o 21 de mayo.
La atención también estará centrada en los resultados de las elecciones del domingo en CABA, ya que en el Congreso se especula con que un desempeño desfavorable de La Libertad Avanza podría fortalecer el impulso a la reforma previsional.
Inicialmente, la oposición más confrontativa percibe que el PRO, considerado el aliado más firme del Gobierno en Diputados, podría no mostrar un alineamiento total, y la presentación de un dictamen propio por parte de los legisladores cercanos a Macri podría ser determinante para alcanzar los dos tercios necesarios.
Si en la Cámara de Diputados logran consolidar dicha mayoría, en el Senado existe mayor confianza en que podrán superar el umbral de los dos tercios (48 votos) para rechazar un eventual veto presidencial. En la Cámara Alta ya se invalidó un DNU (el que proponía un aumento de los fondos reservados de la SIDE), aunque hasta el momento el presidente ha logrado mantener los vetos a la ley de jubilaciones y al financiamiento de las universidades.
