Cormick, el juez que definirá el operativo de seguridad en la marcha de jubilados, ¿casualmente? tiene un pasado kirchnerista más extenso que la cola para cobrar el aguinaldo.
Famoso por sus fallos polémicos, como habilitarle las tomas a Grabois o suspender a la diputada Reyes, Cormick parece coleccionar cautelares como figuritas del Mundial.
¿Será que ahora, con la marcha de los jubilados, veremos un nuevo capítulo en la saga de «Cormick y sus fallos sorprendentes»? ¡Hagan sus apuestas!
El Juez de la Polémica: Cormick y su Historial Kirchnerista en el Operativo de Seguridad para la Marcha de Jubilados
El juez en lo contencioso administrativo federal Martín Cormick, responsable de supervisar el operativo de seguridad durante la marcha de jubilados, cuenta con una trayectoria vinculada a La Cámpora y a los gobiernos de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, además de haber emitido fallos que generaron controversia.
Desde 2020, Cormick dictó una serie de fallos que despertaron fuertes debates. Entre ellos, se destacan las cautelares otorgadas al líder social Juan Grabois en casos de tomas de inmuebles, la suspensión de la diputada radical Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura a pedido del kirchnerismo, y la suspensión de la decisión del Gobierno de retirar programas sociales a piqueteros que participaran en protestas violentas.
El Ascenso de Cormick y su Vínculo con La Cámpora
Antes de 2020, Cormick ocupaba el duodécimo puesto en el orden de mérito para un cargo en el fuero contencioso administrativo federal. Sin embargo, con el apoyo de dirigentes de La Cámpora, como su excompañero de colegio Andrés «El Cuervo» Larroque, ascendió en el ranking y obtuvo el aval para convertirse en juez. Además, ocupó cargos en la Inspección General de Justicia durante el gobierno de Cristina Kirchner y en la Sindicatura General del PAMI bajo la dirección de Luana Volnovich, también perteneciente a La Cámpora.
La Protección a los Piqueteros y la Recusación de la SIGEN
En febrero de este año, Cormick impidió al Gobierno excluir de los programas sociales y suspender los pagos a beneficiarios que participaran en protestas violentas, argumentando que estas medidas podrían ser «ilegítimas» y generar un «daño irreparable» a personas en situación de vulnerabilidad. Su actuación en la disputa por el control de los fondos de la UBA llevó a la SIGEN a recusarlo debido a sus antecedentes.