Andrade bajo fuego: defiende la liberación de los detenidos en el Congreso
La jueza Karina Andrade se defendió de las fuertes críticas recibidas tras liberar a los 114 detenidos durante la violenta manifestación frente al Congreso. En declaraciones a Urbana Play, Andrade aseguró haber «resuelto con los elementos que tenía» y priorizado los derechos garantizados por la Constitución Nacional. Su decisión desató la furia del Gobierno Nacional, que no solo la criticó duramente, sino que, a través del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, sugirió una posible investigación en el Consejo de la Magistratura. La Casa Rosada fue más allá y solicitó directamente el apartamiento de Andrade de la causa.
«Resolvemos con los elementos que tenemos a disposición. Debemos diferenciar la respuesta rápida de la expectativa del Estado de investigar hechos delictivos», explicó la jueza. Andrade detalló que al momento de tomar la decisión, la información proporcionada por la Policía era escasa e incompleta. «No se recibía información del lugar de detención… no había ningún acta, eran todos nombres, DNI… Siempre pido que en delitos de desobediencia se haga un sucinto de los hechos», afirmó.
«Falta de contexto delictivo» y derechos constitucionales
La jueza insistió en que la Policía no le proporcionó «un contexto delictivo» que justificara las detenciones. Denunció demoras en la información sobre el lugar de las detenciones y una discrepancia entre la cantidad de detenidos informados públicamente y los que le fueron reportados. «Hay una obligación de informar al juez los motivos de la detención», remarcó Andrade, y agregó: «Yo lo único que tengo que hacer es controlar los requisitos de la detención. En un contexto de ponderación de derechos… Nuestra Constitución Nacional debe garantizar la protesta».
Sobre los antecedentes de los liberados, Andrade indicó que esa investigación corresponde a la Fiscalía. Aclaró que quienes tenían pedidos de captura previos permanecieron detenidos y que dos menores aprehendidos estaban bajo la jurisdicción de otra jueza. «No se me trajo un contexto delictivo. Se habló de armas. Hubo personas detenidas que tuvieron armas y esas no fueron liberadas», concluyó.
El contraataque del Ministerio de Seguridad
El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, presentó un pedido formal para apartar a Andrade de la causa, argumentando «un grave incumplimiento a las normas procesales penales en vigencia». La denuncia advierte sobre la posible comisión de prevaricato y violación de los deberes de funcionarios públicos, y solicita la declaración de incompetencia de Andrade. Además, la cartera de Seguridad apuntó contra intendentes y un dirigente sindical por sedición, atentado al orden constitucional y asociación ilícita agravada, en relación a los incidentes.
