Libertad para los 114 detenidos en la marcha por los jubilados
La jueza Karina Andrade ordenó la liberación de los 114 manifestantes detenidos durante las protestas en favor de los jubilados frente al Congreso el miércoles pasado. La magistrada fundamentó su decisión en la falta de precisión en la información brindada por las fuerzas de seguridad respecto a las circunstancias de las detenciones.
Información «absolutamente deficitaria»
En su fallo, Andrade señaló que «a medida que se informaban las detenciones, la información se volvía más imprecisa y dificultosa para mi tarea judicial». La jueza indicó que no se especificaron la hora, el lugar, ni el delito que justificaba cada detención, dificultando el control judicial del procedimiento. «A diferencia de lo que sucede con otros detenidos en ‘flagrancia’, no se aclararon las circunstancias de detención ni los motivos, al menos con algún tipo de detalle», afirmó.
Derechos constitucionales en juego
Andrade remarcó la importancia de «enmarcar el caso dentro de las exigencias constitucionales y convencionales», ya que la protesta se relaciona con derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a manifestarse. La jueza hizo hincapié en la vulnerabilidad de los adultos mayores, quienes se encuentran «específicamente protegidos en nuestra Constitución Nacional». Recordó que estos derechos «adquieren especial relevancia» en el contexto de una manifestación en favor de uno de los «sectores más vulnerables de nuestra República». La magistrada consideró que la libertad de expresión y el derecho a la protesta son «derechos baluartes del sistema democrático» y que «cualquier detención tiene que estar debidamente registrada» con detalles claros sobre las causas, el responsable y la hora de la detención y liberación. Finalmente, atribuyó las deficiencias en la información a «las características del procedimiento llevado a cabo por las fuerzas de seguridad».
