<div class="cortito-wrapper" data-texto="El Senado bonaerense agilizó la designación de 311 magistrados en poco más de un año, cubriendo numerosas vacantes en la Justicia provincial. Este avance, impulsado por nuevos acuerdos entre oficialismo y oposición y la supuesta remoción de "obstáculos" en las discusiones, busca normalizar el funcionamiento del Poder Judicial de Buenos Aires, que arrastraba un 25% de vacancias permanentes, afectando la eficiencia y la política local. Se espera la aprobación de otros 85 pliegos en las próximas semanas.">
<div class="semiton-wrapper" data-texto="¡Escándalo en la Provincia! Resulta que en poco más de un año, el Senado bonaerense se puso las pilas (¡milagro!) y logró nombrar la friolera de 311 jueces y fiscales. Sí, leyó bien. Después de arrastrar vacancias como si fueran parte del paisaje, parece que por fin se dieron cuenta de que la Justicia también necesita gente trabajando.
Por lo visto, la clave fue un ‘acuerdo’ entre los de siempre y la oposición de turno, y oh casualidad, se ‘corrieron’ por arte de magia algunos personajes que ‘obstaculizaban’. ¡Quién pudiera tener esa capacidad de ‘corrimiento’ para evitar las filas del banco!
Lo que sí nos informan (siempre con fuentes "confiables", como las del horóscopo) es que un 60% de los nuevos magistrados responden a esos sectores que siempre quieren dejar su ‘impronta’ hasta en la sopa. Total, en dos años, el actual gobernador ya no estará al frente, así que hay que asegurarse el ‘legado’, ¿viste?
Mientras tanto, la Justicia bonaerense sigue lidiando con más de 2.650 puestos de jerarquía y casi un cuarto de ellos vacíos. Jueces haciendo malabares, fiscales desdoblándose… un caos digno de una comedia de errores. ¡Y pensar que esto impacta en el ciudadano de a pie! Pero bueno, al menos ahora el ‘mecanismo de nombramiento’ parece haberse ‘aceitado’. ¡A no decaer, que la normalidad está a la vuelta de la esquina (o al menos, eso dicen los pasillos del Senado)!">
En poco más de un año, el Senado bonaerense logró un considerable avance en la designación de magistrados, concretando el nombramiento de 311 jueces y fiscales para cubrir puestos vacantes en la Justicia provincial. Este impulso responde, según fuentes legislativas, a nuevos acuerdos gestados entre oficialismo y oposición, sumado al presunto "corrimiento de algunos actores que ‘obstaculizaban’ las discusiones", lo que habría allanado el camino para progresar en la normalización del funcionamiento del Poder Judicial bonaerense.
La provincia de Buenos Aires, con sus 18 departamentos judiciales distribuidos en el Conurbano y el interior, y con más de 2.650 cargos de jerarquía en tribunales penales, laborales, civiles y contenciosos, venía arrastrando durante cuatro años un promedio del 25% de vacancias permanentes. Esta situación repercute directamente en el desempeño del servicio judicial, con jueces que deben atender múltiples despachos y fiscales desdoblando turnos, generando deficiencias que impactan en la ciudadanía y, a su vez, resienten "los circuitos de la política provincial".
El impulso de las designaciones
El reciente dinamismo contrasta con el período anterior, en el cual el gobierno provincial concretó un número significativamente menor de designaciones. Si en cuatro años se lograron apenas 68 nombramientos, en los últimos once meses se superaron las 300. Diversas interpretaciones intentan explicar este cambio de ritmo. Cerca del ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, lo atribuyen a la llegada de su gestión a la cartera, que habría "reactivado las conversaciones con todos los sectores". Mena, quien fuera estrecho colaborador de Cristina Kirchner y mantiene vínculo permanente con su hijo Máximo, es considerado un actor clave en las negociaciones que posibilitaron los acuerdos.
Otras voces, en la Legislatura, sugieren que las conversaciones en la Comisión de Acuerdos estuvieron obstruidas durante la gestión del ex ministro Julio Alak (actual intendente de La Plata). Según un juez en actividad que conoce el proceso, Alak "tenía múltiples compromisos. No podía quedar bien con todos y entonces prefería planchar los pliegos". Asimismo, se especula que una pulseada con el ex intendente Julio Garro (PRO) por la designación de magistrados en el departamento Judicial de La Plata habría paralizado las negociaciones generales.
Con el impulso logrado, el número de puestos vacantes se ha reducido a la mitad. Curiosamente, desde el propio oficialismo se observan "miradas confrontadas". Con ironía, un interlocutor del ministerio señaló: "Es paradójico: el sector que supuestamente pone palos en la rueda, resolvió el 50% de las vacantes en un puñado de meses", en referencia a que Alak, quien también fue ministro de Justicia durante la presidencia de Cristina Kirchner, ahora se encuentra alineado con Kicillof en el marco de las tensiones políticas internas, siendo el ámbito judicial uno de los escenarios de confrontación.
Representación partidaria en los nombramientos
En las nóminas recientemente aprobadas en el Senado, que incluyen 131 jueces y fiscales designados tras meses de demoras, se advierte una distribución de nombramientos impulsados por distintas fuerzas políticas. Funcionarios promovidos por el peronismo, el radicalismo y el PRO lograron ocupar cargos estratégicos. Se cubrieron posiciones en el Tribunal de Casación, se designaron camaristas penales, jueces en fueros Civil y Comercial, Laboral y Contencioso, así como fiscales y ayudantes de despachos tanto en el Conurbano como en el interior provincial.
Entre los dirigentes con capacidad de influencia en los nombramientos se destacan representantes de la UCR como Maximiliano Abad y del PRO como Cristian Ritondo. También lograron incorporar a sus allegados intendentes y referentes del peronismo como Fernando Espinoza, Martín Insaurralde (a través de Federico Otermín), Sergio Massa, Gustavo Posse, Guillermo Montenegro y Gustavo Menendez, quienes consiguieron la designación de sus preferidos en este extenso listado de flamantes magistrados judiciales. Este mecanismo de acuerdos transversales parece haber destrabado la parálisis que afectaba la cobertura de las vacantes.
