## La Justicia le devolvió un terreno incautado a un abogado procesado por lavado narco
Un polémico fallo judicial sacude al distrito de Pilar y a la justicia federal. El juez Marcelo Martínez De Giorgi ordenó la devolución de un terreno incautado al abogado Mateo Corvo Dolcet, procesado por presunto lavado de dinero del narcotráfico. El predio, ubicado estratégicamente junto a la Panamericana, fue expropiado por la provincia de Buenos Aires para la construcción de dependencias judiciales y municipales.
### Un megaemprendimiento con olor a narco
Corvo Dolcet, titular del fondo Pilar Bicentenario, prometía un ambicioso proyecto inmobiliario: un country de lujo con una estación de tren propia que conectaría con Retiro en tiempo récord. Dos tipos de servicio se barajaban: uno estándar y otro VIP, con wifi, aire acondicionado y vidrios antivandálicos en sus vagones. Ambicioso, ¿verdad? Solo se llegó a construir un estacionamiento de cuatro pisos antes de que la Justicia interviniera.
### La detención de Corvo Dolcet y la sombra del narcotráfico
En 2017, la detención del narcotraficante colombiano José Bayron «Piedrahita» Ceballos desató una serie de operativos internacionales que llevaron a la detención y procesamiento de Corvo Dolcet. El abogado fue acusado de lavar dinero del narcotráfico y se le dictó prisión preventiva, luego morigerada a domiciliaria.
La investigación, que aún no ha llegado a juicio oral, reveló presuntos vínculos con familiares de Pablo Escobar y con carteles de Medellín, Cali y Sinaloa. Corvo Dolcet habría recibido dinero ilícito para invertir en emprendimientos inmobiliarios en Pilar, entre ellos, el terreno ahora en disputa.
### Un fallo que contradice a la Corte Suprema y a la Legislatura bonaerense
La decisión de Martínez De Giorgi no solo desoye la expropiación decretada por la Legislatura bonaerense mediante la Ley 12.239, sino que también contradice un fallo previo de la Corte Suprema que desestimó un recurso presentado por la defensa de Corvo Dolcet. El predio, que durante la pandemia albergó un centro de vacunación y oficinas municipales para trámites como la renovación de licencias de conducir, vuelve a manos de un procesado por lavado de dinero narco, dejando un manto de incertidumbre sobre su futuro y un fuerte debate sobre la independencia judicial.
