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El Gobierno, en su afán por demostrar quién manda, volvió a chocar con la Justicia Federal y, sorpresa, perdió. Un juez le ordenó que arme un plan para terminar obras en barrios populares. ¿Y qué hizo el Gobierno? Nada. Absolutamente nada.
Mientras el reloj corría y el juez calentaba la silla con el cronómetro en mano, el vocero presidencial, con ese aire de quien anuncia la llegada de un nuevo orden mundial, informó la disolución del fondo que justamente financiaba esas obras. O sea, 'no les doy el plan porque ya no tengo la plata, y la plata no la tengo porque yo mismo la eliminé'. Lógica aplastante.
Ahora, el magistrado le dijo al Gobierno: 'Listo, multa diaria para el funcionario responsable hasta que me traigan un plan, ¡y restituyan el fondo para que haya algo que financiar, caramba!'. Mientras, miles de familias siguen esperando cloacas, luz y cordón cuneta. Pero aparentemente, lo más urgente era disolver un fondo. Prioridades, ¿viste?
</div>Revés judicial para el gobierno por paralización de obras en barrios populares
Buenos Aires. El Gobierno nacional recibió otro golpe judicial al incumplir el plazo otorgado por un juez federal para presentar un plan de avance de obras en 37 barrios populares y asentamientos de varias provincias, incluyendo el conurbano bonaerense. La falta de respuesta derivó en una multa diaria para el subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, y una orden para que el Ejecutivo restablezca el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), previamente eliminado.
El juez federal de Pehuajó, Héctor Heim, había intimado al Ministerio de Economía a elaborar una estrategia para culminar estas obras, que abarcan desde redes de saneamiento hasta centros comunitarios. Sin embargo, el Gobierno desoyó la orden. Un día después de vencer el plazo, el magistrado intensificó su acción, ordenando detener la eliminación del FISU, el mecanismo de financiamiento para estos proyectos.
Multa y exigencia de restitución del fondo
Ante el notorio desacato, el juez Heim dispuso una multa de $200 mil por día de demora para Sebastián Pareja, también presidente de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires y delegado de Karina Milei. La responsabilidad recayó sobre este funcionario luego de que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), impulsor de la medida cautelar, solicitara sanciones económicas directamente sobre Luis Caputo, titular de la cartera económica.
Paradójicamente, en medio del plazo judicial, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la eliminación del FISU, lo que el CELS señaló como un agravamiento de la situación y un impedimento para cumplir con la orden de presentar un plan. Ahora, la exigencia judicial se centra en la restitución del fondo o la presentación de una alternativa de financiamiento.
La paralización de las obras, iniciadas en algunos casos bajo la gestión anterior, afecta a unas 334.000 familias, según estimaciones de la mesa nacional de barrios populares. La situación se complica aún más con la eliminación de la Secretaría de Vivienda, dejando a la Subsecretaría a cargo de Pareja como la única dependencia con injerencia en el tema, aunque sectores del propio Gobierno reconocen la necesidad de reactivar estas inversiones, incluso considerándolas un "lubricante" para futuras campañas electorales.
Impacto social y advertencias eclesiásticas
Las consecuencias de la interrupción de las obras son palpables: usurpaciones en lotes que contaban con servicios a medio instalar, pérdida de empleos en cooperativas de construcción y la dilapidación de millones de pesos invertidos en infraestructuras inconclusas. La mesa nacional de barrios populares visibilizó esta realidad al movilizarse frente al Ministerio de Economía, arrojando basura de sus barrios para graficar el impacto de las lluvias sin obras de saneamiento completas. "Esta decisión deja sin agua potable, cloacas, electricidad segura, calles y viviendas adecuadas a más de 5 millones de personas”, denunciaron.
El reclamo cuenta con el respaldo de organizaciones como Techo y de la cúpula eclesiástica. El obispo Gustavo Carrara, número 2 de Cáritas, alertó sobre el avance del narcotráfico en los barrios ante la falta de urbanización. “Hay urgencias y no se puede recortar por los más pobres. Eso, desde el punto de vista cristiano, es un pecado", sentenció.
El CELS no descarta nuevas acciones judiciales. Recordando que el juez Heim también es juez penal, sostienen que podría escalar la situación a ese fuero o tomar medidas directas como parte de la ejecución de la cautelar incumplida. Caputo podría ser apercibido o citado bajo amenaza de denuncia penal si la situación persiste. Mientras tanto, el Gobierno no ha respondido a las consultas, dejando abierta la posibilidad de apelar a la Cámara Federal de La Plata.
