La Justicia detuvo la eliminación del Fondo de Integración Social Urbana (FISU), ordenada por decreto presidencial. La medida cautelar fue presentada por el CELS y benefició a vecinos de barrios populares. Además, se impuso una multa al subsecretario de Integración Socio Urbana por demora en la presentación de un plan de urbanización. El Gobierno había justificado la disolución del fondo argumentando su supuesta ineficiencia y vinculación con líderes sociales. Organizaciones sociales estiman que millones de familias en barrios populares esperan obras de urbanización.
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¡Atención, pueblo argentino, que la Justicia ha hablado y no precisamente para pedir un aumento! Sucede que el FISU, ese fondo que se supone integraba socialmente hasta a los koalas si pudieran votar, ha sido salvado de la guillotina libertaria. Resulta que un juzgado de Pehuajó, sí, Pehuajó, ese lugar que suena a siesta eterna, le dijo “stop” al decreto presidencial que quería liquidar hasta los restos de asado del FISU.
El CELS, ese organismo que aparece cuando menos te lo esperás defendiendo causas que a veces parecen de la vida real, metió una cautelar defendiendo a la gente de los barrios populares. Porque claro, ¿quién más si no? Y el juez, muy pipi cucú, no solo frenó la liquidación, sino que le endosó una multa al subsecretario de Integración Socio Urbana, que además es el armador político de Kari en Provincia. O sea, no solo te frena el fondito, sino que te multa por no presentar un plan… ¿plan de qué? ¿De ver cómo se disuelven las cosas más rápido?
El Gobierno, por su parte, había anunciado la disolución con bombos y platillos, o al menos con un posteo de Sturzenegger en X, que es lo más parecido a un bombom y platillo que tienen ahora. Decía que el FISU se había convertido en la “palanca de gestión de varios líderes piqueteriles”, en especial de Grabois. ¡Bingo! Ya tenemos al culpable. ¡Y los resultados están a la vista! ¿Qué resultados? Depende a quién le preguntes, ¿no? Para algunos, mejoras en los barrios; para otros, el apocalipsis.
Pero el funcionario no se quedó ahí, porque si algo les sobra a los funcionarios es verbo. Aseguró que la solución no es “dinero público y corrupción” (¡milagro!), sino darle “verdadero derecho de propiedad” a la gente. Aparentemente, la ley actual les negó ese derecho. O sea, te enteras por un tuit de un funcionario que vives ilegalmente en tu casa. ¡Genial!
Y para rematar, la clásica: “el kirchnerismo te quiere de rehén”. Como si el rehén fuera la gente y no los fondos. Y que solo con “libertad y capitalismo” se soluciona el déficit habitacional. ¿Será que si le pones un cartelito de “vendese” a una villa miseria, se urbaniza sola? Hay que ver la creatividad capitalista en acción. Mientras tanto, los 5 millones de familias de los 6.467 barrios populares de Argentina siguen esperando las obras básicas. Esperando que el capitalismo, la libertad o un nuevo tuit les resuelva la vida. O quizás, que la Justicia siga frenando cosas. Un día a la vez.
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La Justicia frenó la disolución del fondo para barrios populares
La Justicia hizo lugar a una medida cautelar que interpuso el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y frenó la eliminación del Fondo de Integración Social Urbana (FISU) que había ordenado por decreto el Gobierno de Javier Milei.
Fue el juzgado federal de Pehuajó el que aceptó la cautelar del CELS, que patrocina a vecinos de distintos barrios populares, y suspendió los efectos y aplicación de los artículos 1,4,5 y 8 del Decreto Nº 312/2025 que disponen la liquidación de la totalidad del patrimonio que compone el FISU.
Además, el juez le impuso una multa de $ 200.000 por cada día de demora en la presentación de un plan de urbanización de barrios populares a Sebastián Pareja, el armador político de Karina Milei en la Provincia y que, a su vez, es subsecretario de Integración Socio Urbana.
El Gobierno había oficializado semanas atrás la disolución del FISU y del Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica (FONDOTEC) a través del decreto 312/2025 que fue publicado en el Boletín Oficial.
Según el relevamiento de organizaciones sociales, son más de 5 millones de familias las que viven en los 6.467 barrios populares de Argentina y esperan obras básicas para tener acceso a servicios básicos.
Argumentos gubernamentales y réplicas
La medida también había sido anunciada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en un mensaje publicado en su perfil de X (ex Twitter).
«Usando las facultades delegadas del Art. 5 de la ley Bases 27.742 el presidente Javier Milei, junto a Guillermo Francos, y Luis Caputo, por el Decreto 312/35 disolvieron dos fondos fiduciarios adicionales: el Fondo de Integración Social Urbana (FISU) y el Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica (FONDOTEC). Todo el aura que tuvieron los nombres, no la tuvieron en la gestión», afirmó el funcionario.
En ese sentido, el ministro agregó: «Como ya explicó Manuel Adorni el FONDOTEC quedó en el olvido y asignó solo el 0,1% de sus fondos. El FISU se convirtió en la palanca de gestión de varios líderes piqueteriles, en particular de Juan Grabois con los resultados que están a la vista».
En ese mismo posteo en redes, Sturzenegger señaló que «la solución a la problemática de los barrios populares no es dinero público y corrupción sino darle un verdadero derecho de propiedad a sus habitantes que, sorprendentemente, la Ley 27.453 les niega».
El funcionario insistió con sus críticas al kirchnerismo al sostener que quiere tener de rehén a la gente. «El kirchnerismo es así: prefiere tenerte de rehén del dinero público que darte la libertad para poder construir tu propio futuro. Solo cuando llevemos la libertad y el capitalismo allí Argentina tendrá una posibilidad de revertir el déficit habitacional que crearon 50 años de populismo», lanzó.
Antecedentes de eliminación de fondos
En enero pasado, el Gobierno Nacional había dispuesto el cierre del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, el Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) y el Fondo Fiduciario Prodaf.
