El «Señor del Tabaco» bajo la lupa
La denuncia por lavado de dinero presentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA) contra Pablo Otero, conocido como el «Señor del Tabaco», ha generado un efecto dominó en el sector de la comercialización de cigarrillos. La Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) emitió un comunicado urgente a sus afiliados, instándolos a solicitar facturas de compra a distribuidores y fabricantes para evitar posibles sanciones.
UKRA busca proteger a sus afiliados
La medida adoptada por UKRA busca resguardar a los kiosqueros de las consecuencias derivadas de las irregularidades detectadas en el mercado tabacalero. «Queremos cuidar al kiosquero ante situaciones que pueden afectarlo indirectamente por hechos irregulares de las tabacaleras”, expresó Norberto Tomasino, presidente de la entidad. La solicitud de facturas se fundamenta en la necesidad de justificar el origen de la mercadería ante eventuales verificaciones por parte de las autoridades fiscales.
Investigación y discrepancias de precios
ARCA lleva meses investigando la cadena de comercialización de cigarrillos, analizando la capacidad operativa y financiera de distribuidores y mayoristas. El organismo busca verificar las operaciones facturadas y el circuito de pagos en toda la estructura. Un relevamiento de precios realizado por el Ministerio de Economía en marzo pasado reveló diferencias significativas entre los valores declarados por las tabacaleras y los precios relevados en los kioscos. En el caso de Tabacalera Sarandí, las diferencias alcanzaron hasta un 112%, superando ampliamente el margen del 20% permitido por la Ley 27.742. Las autoridades fiscales detectaron irregularidades que apuntarían a lavado de activos, con una presunta maniobra que involucraría a 23 distribuidoras mayoristas con perfiles fiscales irregulares. Según la denuncia, Otero habría lavado 33.632 millones de pesos entre 2021 y 2023. El imperio tabacalero de Otero comenzó a gestarse en 2018, cuando dejó de pagar el impuesto mínimo al tabaco argumentando su inconstitucionalidad y su condición de pyme. Esta estrategia le permitió crecer exponencialmente, pasando de tener el 5,6% del mercado en 2016 al 38,4% en 2023, según un informe de la consultora Abeceb.
