Cristina Kirchner y Lula da Silva: el debate sobre el ‘lawfare’ y las diferencias judiciales que no cierran

Desde su prisión domiciliaria en el barrio de Constitución, la ex presidenta Cristina Kirchner, con la pluma digital afilada, comparó su situación judicial con la que atravesó el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. En un posteo que disparó las reacciones en la red social X, la exmandataria afirmó que “Lula también fue perseguido, también le hicieron lawfare hasta meterlo preso, también intentaron callarlo. No pudieron. Volvió con el voto del pueblo brasileño y la frente en alto. Por eso hoy SU VISITA FUE MUCHO MÁS QUE UN GESTO PERSONAL: FUE UN ACTO POLÍTICO DE SOLIDARIDAD”, sentenció, buscando tender un puente narrativo entre ambos casos.

Sin embargo, la realidad judicial, con su obstinada manía de los detalles, presenta un panorama bastante diferente entre ambos líderes. Fuentes judiciales, consultadas por este medio, señalaron que las imputaciones y las trayectorias procesales de Lula y Cristina difieren sustancialmente. A diferencia de la situación de la ex mandataria argentina, Lula nunca alcanzó una condena firme, mientras que Cristina purga 6 años de prisión efectiva en la causa Vialidad, por fraude al Estado. Este veredicto, producto de un juicio que se extendió por 9 años y que transitó por todas las instancias de revisión judicial, se mantiene inalterable.

La «Vialidad» argentina: ¿una ruta sin retorno?

En el emblemático caso Vialidad, Cristina Kirchner fue condenada por el direccionamiento de la friolera de 3.500 millones de dólares en contratos de obras públicas, todos ellos en beneficio de su socio, Lázaro Báez. Gran parte de estas obras, para colmo de males, jamás fueron completadas o estuvieron plagadas de sobreprecios. Como si fuera poco, su firma personal está estampada en un decreto que reasignaba presupuesto precisamente para obras en Santa Cruz, delineando un mapa claro de responsabilidad.

Pero el prontuario judicial de la ex presidenta no se detiene allí. Cristina está acusada como supuesta jefa de una asociación ilícita en la resonante causa Cuadernos de las Coimas, una red de recaudación que se habría alzado con unos 200 millones de dólares en sobornos, provenientes de contratistas de la obra pública. A su vez, se encuentra procesada por lavado de dinero en la causa Hotesur-Los Sauces y por encubrimiento en el controversial caso del pacto con Irán, entre otras imputaciones que la mantienen en el ojo de la tormenta judicial.

El camino de Lula: un juicio anulado, ¿pero no un santo anulado?

En el caso del líder brasileño, la historia tomó un giro inesperado en 2022, cuando el Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló todas las condenas contra Lula da Silva. La decisión, alcanzada por ocho votos contra tres, respaldó la postura del magistrado Edson Fachin, quien previamente había emitido una medida cautelar para anular las penas contra Lula, que sumaban casi 25 años de cárcel, basándose en un conflicto de competencias. Este fallo, sin duda estratégico, le abrió el camino para presentarse a las elecciones y regresar al sillón presidencial, reelecto por el voto popular.

Fachin argumentó que los dos juicios en los que Lula fue condenado a prisión, sumados a otros dos que aún no contaban con sentencia firme, fueron procesados de manera irregular. La razón: se llevaron a cabo en los tribunales de la ciudad de Curitiba, a cargo del entonces exjuez Sergio Moro, al cual, para sorpresa de muchos, no le correspondía la competencia territorial sobre esos asuntos. Un detalle procesal que cambió el destino de un presidente.

En 2019, la Justicia brasileña había condenado al ex presidente a 12 años y 11 meses de cárcel en otro caso, esta vez por supuesto cohecho y lavado de dinero. Se trató de una investigación derivada del monumental operativo Lava Jato, donde se sospechaba que Lula había recibido sobornos a cambio de una reforma en una quinta en el estado de San Pablo. La jueza Gabriela Hardt, de primera instancia, había dictado la sentencia.

Hardt consideró que Lula se había beneficiado ilegalmente de obras valuadas en cerca de un millón de reales (unos 271.000 dólares) realizadas por tres empresas: Odebrecht, OAS y Schain, en una casa de campo en Atibaia, municipio en el interior del estado de San Pablo. Curiosamente, la casa estaba a nombre del empresario Fernando Bittar, un viejo amigo de la familia de Lula, quien la había cedido temporalmente al ex presidente en 2010 para su disfrute familiar.

A pesar de no ser el propietario formal, la Justicia determinó que Lula se había beneficiado de las reformas, realizadas por empresas que, a su vez, habían sido favorecidas durante su gobierno con contratos amañados con la petrolera estatal Petrobras. Un enredo que demostró que el «amigo de un amigo» puede ser un callejón sin salida cuando los millones están de por medio.

El líder del Partido de los Trabajadores estuvo preso en Curitiba desde abril de 2018, cumpliendo una condena de 12 años y un mes, dictada por un Tribunal Regional Federal. Se le había condenado por recibir un departamento en la localidad costera de Guarujá, en San Pablo, como supuesto soborno de una constructora, a cambio de ser beneficiada en una obra pública. Una trama que, aunque compleja, dejó al descubierto la fragilidad de las fronteras entre la política, los negocios y la justicia en la región.