La pulseada por la Defensoría del Niño: Libertarios vs. el resto
Tras un intenso debate, la comisión bicameral encargada de seleccionar al nuevo Defensor del Niño quedó bajo la presidencia de la diputada radical Natalia Sarapura. La propuesta de La Libertad Avanza, que postulaba a la senadora Vilma Bedia como presidenta y a Nadia Márquez para el cargo de Defensora, no prosperó frente a la alianza entre Unión por la Patria y la UCR.
La votación resultó en un empate entre las bancadas oficialistas y opositoras de Juntos por el Cambio, inclinando la balanza las dos abstenciones del radicalismo. Finalmente, la UCR propuso a Sarapura, quien obtuvo seis votos a favor sobre un total de diez, consagrándose como presidenta de la comisión.
Acusaciones cruzadas y una Defensora en el ojo de la tormenta
La decisión desató la furia de los libertarios, quienes denunciaron un “acuerdo espurio” entre el oficialismo y la UCR. Nadia Márquez, la candidata propuesta por La Libertad Avanza, criticó duramente la gestión de la actual Defensora, Marisa Graham, cuyo mandato venció en febrero. Márquez calificó su desempeño como “paupérrimo” y la acusó de proteger a figuras cuestionadas.
La situación de Graham es compleja. Ante la falta de acuerdo en la bicameral para designar a su sucesor, decidió autoprorrogar su mandato. Esta medida generó una denuncia penal en su contra por parte de la ONG Fundación Más Vida, que la acusa de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Graham, por su parte, defendió su decisión argumentando la necesidad de evitar la acefalía de la institución y se amparó en pronunciamientos internacionales que respaldarían la continuidad de su gestión.
El rol clave de la bicameral y la ley 26.061
La designación del Defensor del Niño es un proceso crucial que debe ser llevado a cabo por una comisión bicameral, compuesta por diez miembros del Congreso, cinco por cada cámara. La ley 26.061 de Protección de los Derechos de los Niños establece que el Defensor debe ser designado y removido por el Congreso a través de un concurso público de antecedentes y oposición, con una decisión que requiere el voto de las dos terceras partes de los miembros de la comisión. La reciente controversia en torno a la presidencia de la comisión pone de manifiesto la importancia de este proceso y la necesidad de garantizar su transparencia e independencia.
