Lijo, un paso más cerca de la Corte Suprema: ¿Jaque mate de Lorenzetti?
El Senado emitió un dictamen favorable para que Ariel Lijo se convierta en juez de la Corte Suprema, una jugada que reconfigura el tablero político dentro del máximo tribunal. La nominación de Lijo, impulsada por Ricardo Lorenzetti, podría asegurarle a este último una mayoría en las decisiones de la Corte, generando un cambio sísmico en el equilibrio de poder que actualmente se disputa con Horacio Rosatti.
¿Consenso o grieta en el Senado?
Desde el entorno de Lorenzetti se palpita un optimismo desbordante. «Está hecho», aseguran, confiando en que Lijo obtendrá los 48 votos necesarios para su confirmación, ya sea la semana próxima o después de marzo. Argumentan que el actual contexto político es más favorable para el oficialismo que en 2017, cuando el macrismo logró la aprobación de Rosatti y Rosenkrantz. La incógnita reside en la postura del kirchnerismo, que deberá decidir si colabora con el gobierno de Milei en este nombramiento clave.
El caso de Manuel García-Mansilla, el otro candidato propuesto para la Corte, presenta un panorama más nebuloso. Cobra fuerza la posibilidad de un nombramiento por decreto antes del 1° de marzo, fecha en que comienzan las sesiones ordinarias y se activa el año judicial. Esta vía, sin embargo, podría generar nuevas controversias y acusaciones de avasallamiento institucional.
La Corte, un polvorín a punto de estallar: El fallo Levinas y la rebelión de las cámaras porteñas
Más allá de la novela de Lijo, la Corte Suprema enfrenta una crisis con las cámaras nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. Tres tribunales de alzada se niegan a acatar el fallo Levinas, que las obliga a remitir sus fallos al Tribunal Supremo porteño. Este conflicto ha generado tensiones internas en la Corte, con Lorenzetti y sus allegados responsabilizando a Rosatti por la forma en que se manejó la situación.
La decisión de comunicar el fallo Levinas el 27 de diciembre, el mismo día de la jubilación del juez Maqueda y en vísperas de la feria judicial, fue interpretada por algunos como una maniobra deliberada para evitar el debate y generar malestar entre los magistrados. Si bien se reconoce la validez del fallo, se critica el momento inoportuno en que se comunicó, alimentando la sensación de una crisis institucional que amenaza con profundizarse.
