Lijo a la Corte: ¿Decreto presidencial en el horizonte?
El Gobierno nacional mantiene su objetivo de llevar al juez Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia, a pesar del reciente fracaso en la sesión del Senado donde se debía tratar su pliego. La estrategia oficialista contempla una jugada audaz: la designación por decreto de Lijo, y también del académico Manuel García-Mansilla, cuyo pliego ni siquiera logró pasar la Comisión de Acuerdos. Esta medida se interpretaría como una forma de presión a la oposición para que defina su postura públicamente, especialmente respecto a Lijo.
En Balcarce 50 se considera que la figura de Lijo posee un mayor peso político y que su posible nombramiento por decreto obligaría a los opositores a mostrar sus cartas. «Queremos ver quién se anima a votarle en contra, sabiendo que en el peor de los casos vuelve a su cargo de juez, y más si está integrando la Corte”, es el razonamiento que se escucha en los pasillos del poder. Con este fin, se evalúa solicitar una sesión para el 5 de marzo, «con o sin decreto».
Negociaciones en Estados Unidos y la decisión final
Mientras tanto, el asesor presidencial Santiago Caputo se encuentra en Estados Unidos, donde se sumó a la comitiva presidencial en la cumbre de la CPAC. Allí, Caputo analizará con el presidente las diferentes alternativas para la designación de Lijo y García-Mansilla, incluyendo la posibilidad del decreto. La decisión final recae sobre el mandatario, quien deberá evaluar los riesgos de una medida que podría generar un nuevo enfrentamiento con el kirchnerismo duro.
Cabe recordar que este sector ya ha advertido que cuenta con los votos suficientes para rechazar el pliego de Lijo en el Senado y que, en caso de un nombramiento por decreto, solicitarían la inmediata destitución del juez. La posibilidad de un decreto presidencial también reaviva la resistencia de otros sectores de la oposición, que han expresado su rechazo al pliego de Lijo.
La encrucijada de Lijo y el funcionamiento de la Corte
La posibilidad de una designación por decreto coloca a Lijo en una situación compleja. Inicialmente, el juez había rechazado esta vía, pero según trascendidos, estaría reconsiderando su postura. Para que el decreto sea viable, Lijo debería renunciar o pedir licencia en su cargo actual. Sin embargo, aceptar un nombramiento por decreto podría significar un duro enfrentamiento con el kirchnerismo y un posible proceso de destitución.
La Corte Suprema, por su parte, funciona actualmente con solo tres de sus cinco miembros, tras las salidas de Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco. En el Gobierno confían en que el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, no tendría otra opción que tomar juramento a Lijo y García-Mansilla si fueran designados por decreto. En la mesa chica del oficialismo, se insiste en que la estrategia es «a todo o nada» y que no se aceptará la ampliación de la Corte ni el reemplazo de García-Mansilla por otra candidata. «Queremos ver a los senadores del PJ cómo votan. Si votan en contra, que voten en contra. No tienen nada que perder. Vamos a exponer a quienes se oponen», afirman cerca de Milei.
