Cúneo Libarona suspende pagos a la ex-ESMA y ordena auditoría por «gastos millonarios»
El Ministerio de Justicia, conducido por Mariano Cúneo Libarona, anunció la suspensión de todos los pagos destinados al funcionamiento del Espacio para la Memoria y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA). La medida, acompañada de una auditoría sobre los gastos de los últimos meses, fue justificada por el ministro como un corte a «una caja millonaria en derechos humanos». «Cortamos con una caja millonaria gestionada por 13 organismos de Derechos Humanos, que gastaron $3.359.732.866 anuales de los contribuyentes para mantener el predio de la ESMA, sin fiscalización ni supervisión alguna: solo para cortar el pasto gastaban $16.000.000 por mes», declaró Cúneo Libarona.
Paro de trabajadores y controversia por la fecha
La decisión ministerial generó la inmediata reacción de los trabajadores del Espacio para la Memoria, quienes denunciaron la cesación de pagos y la falta de cobro del salario de marzo. En consecuencia, iniciaron un paro en reclamo de sus haberes. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) señalaron que la suspensión afecta a 176 empleados. «Los fondos suspendidos momentáneamente (…) corresponden casi en su totalidad a los salarios de los 176 trabajadores», afirmaron desde el Directorio de Derechos Humanos.
La controversia se agudiza por la cercanía de la medida con fechas sensibles como el 24 de marzo y el 2 de abril. Desde ATE expresaron su malestar por la elección del momento para anunciar la suspensión de pagos, considerando que se trata de una «estrategia política». La coincidencia temporal con la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas no pasó desapercibida para los trabajadores, quienes se preguntan si se trata de una mera casualidad o de una decisión deliberada.
Cruce de acusaciones y plazos de la auditoría
Mientras el Ministerio de Justicia, a través del subsecretario Juan Cruz Montero, solicitó la auditoría y la suspensión de pagos por 60 días a partir del 1 de abril, el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, habría dado plazo hasta el 10 de abril para la presentación de balances y documentación contable. Esta discrepancia en los plazos y la posterior declaración pública de Cúneo Libarona generaron sorpresa y malestar entre los trabajadores. Según relataron a Clarín desde la comisión de ATE en el Espacio para la Memoria, el accionar del ministro contradice lo convenido en una reunión previa con Baños. La auditoría, a cargo de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), deberá determinar el destino de los fondos y la veracidad de las acusaciones sobre la gestión del presupuesto del Espacio para la Memoria.
