Justicia a la Argentina: Reforma del Código Penal endurece penas por corrupción
El Ministerio de Justicia, bajo la gestión de Javier Milei, se encuentra elaborando un proyecto de reforma del Código Penal que busca, entre otros objetivos, agravar las penas para los delitos de corrupción. La propuesta, que se espera ingrese al Congreso en marzo, introduce modificaciones significativas en la legislación vigente, con un enfoque particular en la recuperación de activos y el endurecimiento de las sanciones para funcionarios públicos.
Un nuevo capítulo contra la corrupción
El proyecto incorpora un capítulo específico denominado «Delitos contra la corrupción», que contempla la elevación de las penas para figuras como el cohecho, el enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias. En la actualidad, algunos de estos delitos contaban con penas mínimas excarcelables. La reforma establece un piso de cuatro años de prisión y un máximo de doce, con un agravante para presidentes, vicepresidentes, ministros y legisladores, quienes podrían enfrentar penas de hasta quince años de cárcel. Este último punto, según explica el juez Mariano Borinsky a Clarín, introduce la figura del delito de corrupción de funcionario público.
Decomiso anticipado y multas: apuntando al bolsillo de la corrupción
Otro aspecto crucial de la reforma es la incorporación del decomiso anticipado de bienes. Esta medida permitiría recuperar activos de origen ilícito desde el inicio del proceso judicial, sin necesidad de esperar una condena definitiva. La herramienta busca desarticular económicamente a las organizaciones criminales y a los funcionarios corruptos, asegurando que los recursos desviados sean reintegrados a la sociedad. Además, se amplían las penalidades por la omisión de deberes de funcionarios y se endurecen las penas para delitos como la malversación de caudales públicos y las negociaciones incompatibles con la función pública. El enriquecimiento ilícito, por ejemplo, duplicará su pena máxima y se extenderá a sindicalistas, con multas de hasta el doble del monto involucrado en la maniobra. «De esta forma, se busca desalentar tales conductas mediante sanciones más severas junto con la mayor inhabilitación para ejercer cargos públicos”, indicó Borinsky a Clarín.
