Milei reconoce el atentado al capitán Viola como crimen de lesa humanidad
El presidente Javier Milei dará un giro histórico en la consideración del atentado perpetrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) contra la familia del capitán Humberto Viola en 1974. El gobierno reconocerá el hecho como crimen de lesa humanidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), revirtiendo la postura de la administración anterior. Esta decisión se acompaña de la desclasificación total de los archivos de la SIDE relacionados con el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar.
Un crimen que marcó una época
El 1° de diciembre de 1974, el capitán Viola, su esposa y sus dos hijas fueron emboscados por miembros del ERP. El ataque resultó en el asesinato del capitán y su hija María Cristina, de tan solo 3 años. María Fernanda, la otra hija, sobrevivió con graves heridas. «Fuimos rodeados por 3 coches con hombres del ERP que comenzaron a ametrallarnos (…) ahí lo remataron con un tiro por la espalda», relató María Fernanda, quien aún sufre las secuelas del atentado. A pesar de la condena a reclusión perpetua de algunos de los responsables, la aplicación de la ley 23.070 y el posterior indulto de Carlos Menem en 1990 permitieron su liberación.
La lucha por la justicia y la reparación
La viuda de Viola, María Cristina Picón, inició una larga batalla legal para que el crimen fuera reconocido como de lesa humanidad y se reabriera la investigación. Su lucha continuó ante la CIDH, donde el gobierno de Alberto Fernández argumentó que el delito era prescriptible. Tras el fallecimiento de Picón en 2021, su hija María Fernanda continuó la lucha. Ahora, el gobierno de Milei reconoce la responsabilidad internacional del Estado argentino y se compromete a impulsar un proyecto de ley para la imprescriptibilidad de los crímenes de organizaciones terroristas. «Homologado que sea el acuerdo por la CIDH, requeriremos ante la justicia argentina el juzgamiento de los autores directos y mediatos, que no fueron condenados», afirmó Viola. La decisión del gobierno no solo busca reparar el daño a la familia Viola, sino también sentar un precedente en la lucha contra el terrorismo y la impunidad.
