El Gobierno nacional retoma la iniciativa de poner en marcha el ‘Consejo de Mayo’, una herramienta ideada para supervisar la implementación de los principios acordados en el ‘Acta de Mayo’. Este pacto fue suscrito el 9 de julio pasado en Tucumán por el Presidente de la Nación y 18 gobernadores, originalmente concebido como ‘Consejo de Mayo’. La convocatoria inicial incluía, además de los mandatarios provinciales, a representantes del sector sindical y empresarial, con el objetivo de generar un espacio de diálogo y consenso en torno a temas clave para el desarrollo del país.
Hasta el momento, el Consejo cuenta únicamente con dos representantes confirmados por el Poder Ejecutivo. Se trata del Ministro Coordinador de Jefatura de Gabinete, Guillermo Francos, y el Secretario de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger. Sus designaciones fueron formalizadas mediante su publicación en el Boletín Oficial hace varios meses.
A pesar de la confirmación de los representantes gubernamentales, el Ejecutivo no ha prorrogado los plazos para la designación de delegados por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT) y el ‘Grupo de los Seis’, que articula las cámaras empresarias de mayor incidencia a nivel nacional. Como resultado, la conformación plena del Consejo ha quedado en un compás de espera y el tema ha desaparecido de la agenda pública y de las conversaciones formales entre los actores involucrados.
Desde la Casa Rosada, se ha manifestado una preferencia por el titular de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez, como potencial representante del sindicalismo en el Consejo. Martínez es percibido por el oficialismo como una figura cercana al diálogo, aunque desde su gremio suelen expresar preocupación por el impacto de la paralización de la obra pública en el sector de la construcción. Al ser consultados, voceros de la UOCRA manifestaron a este medio: “Ese consejo no existe. Por lo menos nadie lo tiene como algo que funciona y resuelva cosas”. Esta declaración refleja el escepticismo sobre la operatividad real del órgano.
Por el lado del sector empresario, la Sociedad Rural Argentina desactivó tempranamente las especulaciones que ubicaban a su presidente, Nicolás Pino, como posible representante del Grupo de los Seis. Esto ocurrió tras una reunión de la entidad con el Ministro Francos. En aquel encuentro, si bien hubo expresiones de entusiasmo por parte de algunos referentes, como el titular de la Bolsa, Adelmo Gabbi, el anuncio de una mesa tripartita entre empresarios y sindicalistas, que ya se había formulado antes, tampoco se materializó.
En despachos relevantes de la Rosada, ahora se baraja el nombre de Martín Rappalini, el flamante presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA). Si bien en la sede de la UIA reconocen el interés del Gobierno en su figura, señalan que hasta el momento no se han producido comunicaciones formales ni gestiones informales al respecto. El Gobierno ve con mejores ojos a Rappalini que a su antecesor en la UIA, Daniel Funes de Rioja, quien había expresado públicamente su inquietud por la situación de la industria ante la flexibilización de las importaciones.
Originalmente, el Gobierno había impulsado la figura del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, como representante de los mandatarios provinciales en el Consejo. Posteriormente, se consideró al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, como posible delegado de los gobernadores. En la actualidad, el oficialismo sigue viendo con agrado la postulación del mandatario radical para ese rol, en el contexto de un acercamiento político entre su gestión y la Casa Rosada. Cabe destacar que la vicegobernadora mendocina, Hebe Casado, se afilió recientemente al partido La Libertad Avanza, al igual que su jefa política Patricia Bullrich. No obstante, el tema de la representación provincial en el Consejo no fue abordado en la última reunión entre Cornejo y Francos.
A pesar de las dificultades para su conformación, en Balcarce 50 se insiste en la necesidad de generar consensos en torno a temas específicos de la agenda gubernamental. Entre ellos, destacan la reforma jubilatoria y aspectos vinculados al plan de reparación de ahorros anunciado la semana pasada. Los gobernadores de Tucumán y Catamarca fueron los primeros en suscribir el convenio para compartir datos con la Administración de Reestructuración de Capital Argentino (ARCA) con el fin de, según expresiones oficiales de la Rosada, promover que los ahorristas “saquen sus dólares del colchón”.
En un juego político paralelo, los mandatarios provinciales se autoconvocaron a una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) este miércoles para expresar su preocupación por la disminución de la recaudación tributaria y la falta de inversión en obras viales en rutas de todo el país. Esta iniciativa evidencia las prioridades y preocupaciones de los gobernadores al margen de la agenda planteada por el Gobierno nacional.
Los 10 puntos que 17 gobernadores suscribieron oportunamente en el marco del Acta de Mayo incluían: el equilibrio fiscal como principio innegociable; la drástica reducción del gasto público; una reforma educativa orientada a la utilidad y modernidad; una reforma tributaria para reducir la presión impositiva; la revisión del régimen de coparticipación federal; el compromiso de las provincias en la explotación de recursos naturales; reformas laborales y previsionales, y la apertura del comercio internacional.
El 9 de julio, fecha de la firma del Acta tras la fallida convocatoria original para el 25 de mayo, faltaron 6 gobernadores: Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Coincidentemente, estos mismos mandatarios fueron los que se opusieron al reciente plan de la ARCA impulsado por el Ministro Luis Caputo.
Varios de estos gobernadores, al igual que Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Jorge Macri (CABA), tampoco adhirieron al plan para canjear deuda por rutas, tierras fiscales y obra pública, ni abrazaron sin reparos el plan para flexibilizar controles a ahorristas. La relación entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires atraviesa un momento de tensión política, agudizado tras las elecciones porteñas y mientras el PRO y La Libertad Avanza negocian un possible acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires.
