Una resolución del Tribunal Electoral de Misiones ha generado un verdadero sacudón en el panorama político provincial, dejando a más de 20.000 integrantes de las fuerzas de seguridad sin la posibilidad de emitir su voto en las elecciones provinciales del próximo 8 de junio.
La medida se basa en la aplicación del inciso 10 del artículo 48 de la Constitución Provincial, que ordena la exclusión del padrón electoral al personal activo de las fuerzas de seguridad y armadas. Lo llamativo es que esta decisión ignora un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Misiones de octubre de 2006, que había declarado inconstitucional dicho inciso y habilitado el voto a estos ciudadanos en las elecciones constituyentes de aquel entonces.
La resolución, firmada por los jueces Cristian Benítez, Gregorio Busse y Andrés Poujade, impacta directamente en miembros de la Policía de Misiones, Servicio Penitenciario Provincial (SPP), Prefectura Naval Argentina (PNA), Gendarmería Nacional Argentina (GNA), Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Policía Federal Argentina (PFA) y Ejército Argentino.
Reacción opositora: ‘inandvertido’
Desde la oposición, la reacción no se hizo esperar. El diputado provincial radical Ariel Pianesi, del Frente Unidos por el Futuro, confirmó la presentación de un pedido de revisión y calificó la decisión de «inentendible». Según Pianesi, la medida tiene como objetivo «silenciar a los opositores en general», dada la significativa adhesión popular que, según sus palabras, estarían obteniendo.
En la misma línea, desde La Libertad Avanza tildaron la decisión de «inconstitucional, discriminatoria e incongruente». La apoderada de la fuerza, Valeria Soczyuk, confirmó una presentación en busca de revertir la disposición, recordando que «hasta las últimas elecciones los efectivos de las fuerzas de seguridad votaron sin ningún problema».
El factor amarila
Referentes de la oposición especulan que la decisión del Tribunal Electoral busca perjudicar electoralmente a Ramón Amarilla, el suboficial que en mayo del año pasado lideró la protesta policial en reclamo de mejoras salariales. Amarilla, quien encabeza una lista opositora, se encuentra detenido desde septiembre del año pasado bajo prisión preventiva, acusado de un supuesto intento de sedición.
La polémica resolución se conoce apenas dos semanas después de que el fiscal electoral Flavio Morchio, primo del actual gobernador Hugo Passalacqua, pidiera la impugnación de Amarilla como candidato a legislador provincial, solicitud que fue rechazada por el Tribunal.
La historia de Amarilla estuvo en el centro de la escena misionera en mayo de 2023, cuando lideró una protesta policial que mantuvo en vilo al gobierno durante dos semanas. Tras un acuerdo salarial y una amnistía, el gobierno provincial inició una ofensiva contra los protagonistas de la protesta y otros sectores que se sumaron a los reclamos. Meses después, en septiembre, Amarilla y otros siete policías fueron detenidos con prisión preventiva, acusados de planear una nueva revuelta.
