Aguas Blancas, Salta – A 329 kilómetros de la capital provincial, Aguas Blancas se ha convertido en un epicentro de noticias que oscilan entre lo insólito y lo polémico. Hace pocos meses, la localidad fue noticia nacional tras el anuncio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre la construcción de un alambrado de 200 metros con el fin de contener el contrabando en la zona. Sin embargo, las recientes elecciones para diputados provinciales la volvieron a poner en el foco, no por un alambre, sino por una caída estrepitosa en la participación electoral: apenas el 24,59% de los habilitados acudieron a las urnas. Este fenómeno es, según las autoridades, resultado directo de un control migratorio implementado el día de la votación.
La particularidad de Aguas Blancas, una pequeña población de 3.648 habitantes según el Censo 2022, radica en un padrón electoral que prácticamente duplica su población: 5.693 votantes registrados. La clave de esta desproproción se encuentra a orillas del río Bermejo, que separa la localidad argentina de la boliviana de Bermejo, esta última con más de 30 mil habitantes. La considerable cantidad de ciudadanos bolivianos con DNI argentino que residen del otro lado del río infló el padrón, generando una respuesta por parte de las autoridades.
Esta irregularidad, sumada a la detención del intendente Carlos Alfredo «Conejo» Martínez en 2023 bajo la acusación de entorpecer la investigación por el asesinato de su hermano, motivaron la intervención de la ciudad. A pesar de obtener prisión domiciliaria por segunda vez y seguir bajo investigación, Martínez, quien había ganado la elección a intendente en 2023, no pudo asumir su cargo. El gobernador Gustavo SáenzAP designó a Adrián Zigarán como interventor.
La intervención, prevista inicialmente hasta estas elecciones, fue extendida hasta diciembre de 2027 debido a que las irregularidades en el padrón electoral no fueron subsanadas. Desde la Cámara de Diputados de Salta, entre los fundamentos para la prórroga, se afirmó que «la situación se agrava dado que el padrón provisorio incluye un sector muy importante de electores extranjeros, sin que se haya podido constatar la exigencia dispuesta en el artículo 6, inciso 2, de la Ley Nº 6.444, que habilita a votar a los extranjeros en cargos municipales, siempre y cuando tengan residencia inmediata de dos años en el Municipio al momento de su inscripción en el registro suplementario especial».
La polémica del padrón inflado
La Dirección Nacional de Vigilancia y Control de Fronteras inició una investigación federal tras detectar 603 electores registrados en la calle 20 de Febrero, una arteria de apenas cinco cuadras. «Cuando llegué en octubre del año pasado, lo primero fue ponerle nombre y número a las calles y casas», explicó Zigarán a Clarín. El interventor cuestionó los requisitos del RENAPER: «cualquiera dice cualquier cosa y lo anotan como argentino. En un municipio de frontera debería haber una legislación más estricta».
Zigarán defendió el operativo del domingo electoral: «En un operativo de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura, no dejamos pasar a los bolivianos que tienen DNI argentino. No a los de doble nacionalidad, bolivianos que viven en Aguas Blancas», sostuvo. Según el funcionario, «la clase política propiciaba que el RENAPER a lo largo de años para regularizar los pueblos originarios, los caciques venían cupos de a 100 dólares a bolivianos que se hacían pasar por pueblos originarios de Argentina y obtenían el DNI». Y agregó: «En época de elecciones venden al mejor postor: ‘Tengo 100 votos bolivianos, tengo 200’. Entonces lucran».
El interventor vinculó este fenómeno con el narcotráfico, sugiriendo que es una fuente de financiamiento para la compra de votos: «Te pueden poner un intendente con esas cantidad de votantes extranjeros». El alambrado de 200 metros, que será inaugurado la próxima semana, es visto por Zigarán como «una suerte de candado que funciona cuando entre la terminal y el río se paran prefectos y gendarmes como el domingo».
Resultados electorales y planes a futuro
En las elecciones del domingo, donde solo se votaron diputados provinciales, la lista del gobernador SáenzAP se impuso. En el departamento de Orán, del cual forma parte Aguas Blancas, el primer candidato fue el médico Alejandro Valenzuela, conocido por haber hablado sobre el cobro de un bono a extranjeros en hospitales públicos de la provincia. De los 5.693 habilitados en Aguas Blancas, solo votaron 1.403. El ganador se llevó 303 votos, seguido por el candidato de La Libertad Avanza, Alejandro Jesús Esper, con 297 votos. Se registraron además 141 votos en blanco y tres nulos en las 17 mesas distribuidas en dos escuelas.
«Entendemos que votó el 60% de los que viven en Aguas Blancas que es lo que nos interesaba, aunque en el global de 24,59%», destacó Zigarán. El funcionario anunció que el año próximo se realizarán operativos para depurar los padrones y que la provincia, junto a las autoridades nacionales, estudian operativos puerta a puerta. La idea es utilizar a Aguas Blancas como modelo para sanear los padrones de otros municipios fronterizos como Salvador Mazza o Los Toldos.
La comparación con elecciones anteriores es reveladora. En las legislativas de 2021, con un padrón de 4.928 ciudadanos, la participación fue del 35,2% (1.739 votantes). En 2023, en la elección municipal donde ganó «Conejo» Martínez, la participación se disparó al 51,52%: de 5.491 empadronados, votaron 2.833, y el jefe comunal obtuvo 1.304 votos. La drástica caída en la reciente elección subraya el impacto del control migratorio y la magnitud de la problemática del padrón en Aguas Blancas.
