La Corte Suprema, un rompecabezas inconcluso
Tras el revés parlamentario que impidió la designación del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno Nacional analiza la posibilidad de nombrar por decreto a dos magistrados para completar las vacantes existentes en el máximo tribunal. Sin embargo, la decisión final se postergará hasta el regreso del presidente Javier Milei de su viaje a Estados Unidos, previsto para el 22 de este mes.
¿Decreto o espera? La encrucijada presidencial
La estrategia del Ejecutivo, según confirman fuentes oficiales a este medio, se inclina hacia la designación por decreto. Si bien inicialmente Lijo se habría mostrado reticente a aceptar un nombramiento en comisión –que implicaría renunciar a su juzgado federal sin garantía de estabilidad en el cargo–, ahora estaría reconsiderando su postura. Otra alternativa en danza es la de Manuel García Mansilla, quien ni siquiera obtuvo dictamen en la Comisión de Acuerdos del Senado, y la posible inclusión de una jurista mujer, cuyo nombre se mantiene en reserva.
La hora de la verdad en el Palacio de Tribunales
La designación por decreto plantea interrogantes sobre la duración del mandato de los jueces en comisión. El artículo 99 de la Constitución Nacional establece que dichos nombramientos «expirarán al fin de la próxima Legislatura», es decir, en noviembre de 2025. Asimismo, se desconoce si la Corte Suprema, actualmente integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, tomaría juramento a los magistrados designados por decreto. Según trascendió, la decisión se tomaría «de manera colegiada», lo que implica la necesidad de un acuerdo mayoritario entre los tres jueces. En el Palacio de Tribunales, se manejan con cautela y afirman que cada caso se analizará individualmente. Mientras tanto, en la Casa Rosada impera el hermetismo y se espera el regreso de Milei para definir el futuro de la Corte Suprema.
