La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) ha aprobado un nuevo plan estratégico de 170 páginas, un documento secreto desarrollado bajo el liderazgo de Sergio Neiffert, que redefine el alcance de las tareas de inteligencia en Argentina.
Según información publicada por La Nación, este Plan de Inteligencia Nacional (PIN) expande los lineamientos de acción de la SIDE, abriendo la puerta al espionaje interno a aquellos que busquen «erosionar» la confianza pública en los funcionarios o generar una «pérdida de confianza» en las políticas económicas del Gobierno.
Esto implica que el PIN podría tener como foco a periodistas, economistas, académicos y cualquier otro individuo que exprese cuestionamientos hacia las medidas impulsadas por el presidente Javier Milei y su gabinete. La medida se da en un contexto donde funcionarios gubernamentales han manifestado públicamente la necesidad de «odiar más» a los trabajadores de prensa críticos.
Ampliación del foco de acción
El documento secreto señala como objeto de interés a los “actores” que puedan impactar en la “confianza” respecto a los funcionarios y las “políticas económicas”. Asimismo, apunta a quienes puedan “manipular” a la opinión pública durante procesos electorales o propagar la “desinformación”.
Un punto relevante del PIN es la habilitación para investigar a quienes promuevan la “distorsión” de la “percepción” y afecten los procesos “cognitivos” de la opinión pública, con énfasis en el uso de inteligencia artificial. Surgen interrogantes sobre si este alcance incluye, por ejemplo, los videos falsos de figuras políticas que circularon previo a las elecciones y que fueron minimizados por el Gobierno.
Paralelamente, el plan mantiene lineamientos de inteligencia ya existentes, como la prevención del terrorismo, la lucha contra el crimen organizado y la defensa de los intereses nacionales en áreas estratégicas como el Atlántico Sur y el sector antártico.
Incremento presupuestario y gastos reservados
A principios del mes de mayo, mediante un decreto oficial, el Gobierno asignó $25.000 millones adicionales a la partida presupuestaria de la Secretaría de Inteligencia. Este organismo es controlado por Santiago Caputo a través de una figura de su confianza.
Una porción significativa de este incremento, exactamente $8.000 millones, será destinada a «gastos reservados». Estos recursos son ejecutados por el Estado sin estar sujetos a control parlamentario, un concepto que ya generó controversia el año pasado tras una transferencia de más de $100.000 millones a este programa.
