El Gobierno nacional anunció este martes la disolución, mediante decreto, de otros tres fondos fiduciarios, en línea con su política de reestructuración y optimización de los recursos estatales. Según el comunicado oficial, estas entidades «registraban un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados», lo que motivó su cese. Los fondos afectados son el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, el Fideicomiso Financiero y de Administración del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, y el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo.
Esta medida, concretada a través del Decreto 463/25, publicado en el Boletín Oficial, se suma a la disolución de 26 fondos previos desde la asunción de la actual administración. La decisión busca, según la Casa Rosada, erradicar presuntas ineficiencias y desvío de recursos que comprometían la gestión económica del Estado.
infraestructura regional: pérdidas y falencias
El Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, creado en 1997 con el objetivo de brindar asistencia financiera a provincias y al Estado nacional para inversiones en infraestructura económica y social, se encontró en el ojo de la tormenta. Una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) reveló «falencias en la aplicación y devolución de los préstamos que generaron pérdidas significativas para la Nación».
El Gobierno argumentó que «tras casi tres décadas de funcionamiento», la situación ameritaba la «disolución del Fondo para concluir con dichas pérdidas y lograr una mejor aplicación de los recursos públicos». Esta determinación subraya la intención de revisar de manera exhaustiva el funcionamiento de las estructuras financieras preexistentes.
manejo del fuego: millones que no llegaron a destino
En el caso del Fideicomiso Financiero y de Administración del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, las observaciones de la SIGEN fueron contundentes. Se detectó una «ausencia de una planificación estratégica, falta de control de las inversiones y sus resultados, indebidas contrataciones de estructuras y personal, insuficientes rendiciones de cuentas; y fallas en los procesos de control y validación».
Un dato que generó especial preocupación es que, durante los ejercicios 2022/2023, se transfirieron $26.000 millones al fideicomiso, pero «los recursos utilizados en la finalidad objeto del Fondo sólo fueron por $70 millones». Ante esta marcada diferencia, el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, afirmó que «la ausencia de una gestión eficiente y la falta de una administración transparente de los recursos públicos, justifica la disolución de este Fondo Fiduciario».
No obstante, el Ejecutivo aclaró que la disolución del fideicomiso no implica el abandono del Sistema Federal de Manejo del Fuego, una política pública que continuará operativa. Para asegurar su financiación, la contribución obligatoria del 3‰ de las primas de seguros se mantendrá vigente y será el Ministerio de Seguridad el encargado de la recaudación y disposición de estos fondos, bajo los lineamientos de la Ley 24.156, que regula la administración financiera del Sector Público Nacional.
desarrollo productivo: ineficacia y falta de recupero
Finalmente, el Fondo Fiduciario Público denominado “Fondo para el Desarrollo Económico Argentino” (FONDEAR), renombrado en 2018 como “Fondo Nacional de Desarrollo Productivo” (FONDEP), también fue alcanzado por la medida. Originalmente, su propósito era facilitar el acceso a financiamiento para proyectos estratégicos que impulsaran el desarrollo económico y social del país.
La SIGEN en este caso «observó que los fondos disponibles fueron destinados a inversiones temporarias, además de demoras e incobrabilidad en el recupero de los préstamos otorgados, irregularidades en el registro de inversiones que traducen faltas graves en la aplicación de fondos y una gestión ineficaz». Estos argumentos llevaron al Gobierno a definir la «disolución del fondo para una mejor aplicación de recursos públicos», reafirmando su compromiso con una «gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común, cuidando el racional uso de los recursos públicos y el debido control sobre la administración de las finanzas públicas».
