El relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Pedro Vaca Villarreal, emitió una contundente alerta en su informe anual, señalando un «deterioro acelerado de la libertad de expresión en la Argentina» durante el primer año de gestión del gobierno de Javier Milei. La preocupación central radica en la percibida «baja tolerancia» de la administración actual «hacia las críticas y los procesos deliberativos», sumado a «discursos estigmatizantes desde altas autoridades del Estado contra periodistas y medios de comunicación, y particularmente contra mujeres».
### Agresiones y restricciones crecientes
El informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) detalla un «aumento de las agresiones contra la prensa en la cobertura periodística de protestas sociales», así como «restricciones a la prensa en Casa Rosada, al acceso a la información pública» y al funcionamiento de los medios públicos. Esta tendencia, según la RELE, se perfila a «profundizarse».
El informe anual, ratificado en marzo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dedica once páginas a analizar la situación en Argentina. «El Presidente de la República ha sostenido un discurso recurrente y constante de estigmatización hacia periodistas y medios de comunicación», afirma el documento, citando calificativos como «corruptos», «delincuentes con micrófono», «mentirosos» y «extorsionadores». Estas expresiones, según la RELE, «están frecuentemente dirigidas a periodistas y medios que han publicado información crítica o cuestionamientos a políticas gubernamentales» y no constituyen «hechos aislados, sino que forman parte de lo que el gobierno ha denominado una ‘batalla cultural'».
### Cifras alarmantes y hostilidad digital
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) registró un incremento del 24% en las agresiones a periodistas entre abril y julio del año pasado, destacando que el 71% de los casos implicaron algún tipo de violencia estatal, con el 27% «atribuidos directamente al Presidente de la Nación».
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) también expresó su inquietud por un clima «hostil» para la laborar periodística, alertando sobre una «clara asimetría entre un Presidente y un periodista». Subrayan que «las acusaciones y los denuestos presidenciales motorizan a un ejército de troles, con el amparo del anonimato y de un financiamiento opaco, que multiplican agresiones verbales y abren así rendijas a la violencia física'».
Adicionalmente, la Relatoría recibió informes sobre un «incremento significativo de la violencia digital contra mujeres periodistas en Argentina», identificando «ataques coordinados en redes sociales con componentes de violencia basada en género, señalamientos estigmatizantes por parte de altas autoridades del Estado, y el uso de canales oficiales para amplificar narrativas discriminatorias». La RELE enfatiza que estas declaraciones estigmatizantes de altos funcionarios «pueden contribuir a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia […] y en consecuencia pueden colocar a periodistas y comunicadores en una posición de mayor vulnerabilidad y riesgo de sufrir ataques».
### Acciones judiciales y el deber de los funcionarios
El relator Vaca, en una reciente visita informal a Argentina, tuvo oportunidad de constatar la evolución de la situación, que se ha visto marcada por una profundización de las restricciones y declaraciones que, como las del presidente Milei pidiendo a sus seguidores «odiar más a los periodistas», intensifican el clima de tensión.
El informe menciona «acciones judiciales contra trabajadores de prensa por su labor informativa», como las presentadas por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y una demanda por dos millones de dólares del empresario tabacalero Pablo Otero contra un periodista. La RELE es clara al respecto: «El uso del derecho penal o de acciones civiles desproporcionadas para limitar la libertad de expresión sobre asuntos de interés público contraviene la Convención Americana sobre Derechos Humanos».
Finalmente, el informe destaca los juicios iniciados por los periodistas Jorge Lanata y Jorge Fontevecchia contra el Presidente. En el caso de Fontevecchia, «la Cámara Federal revocó un inicial sobreseimiento del Presidente», sentando un precedente al establecer que los funcionarios públicos tienen «el deber de asegurarse que con sus pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública».
