Luego de haber logrado frustrar la sesión anterior mediante maniobras políticas dignas de un culebrón venezolano, el oficialismo ahora centra su estrategia en cuestionar el impacto fiscal de los proyectos que la oposición intentará aprobar la próxima semana —actualizaciones previsionales, emergencia en discapacidad e inundaciones— con el objetivo de voltearla otra vez. “Se esconden en causas nobles con el único propósito de poner en riesgo el equilibrio fiscal”, denunció con vehemencia Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, como si la sola mención de la billetera fuera capaz de detener cualquier iniciativa.
La sesión fue solicitada por los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Federal para el miércoles que viene. Esta vez, con un pragmatismo digno de elogio, dejaron fuera del temario la designación de auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN) -una cuestión que bien podría definirse como el “reparto de la torta”, o como la denominan ellos, “rosca política”- para no reavivar los cortocircuitos que les jugaron en contra en el intento anterior. Se limitaron, sabiamente, a los proyectos de impacto social, esos que suelen generar más consenso… y más ruido.
El costo de la nobleza, según el oficialismo
Este viernes, el presidente de la Cámara Baja se reunió con equipos económicos, cuya misión parece ser la de encontrarle el pelo al huevo a cada iniciativa opositora. El resultado de tan arduo trabajo: si las iniciativas se aprueban significarían un costo extra de más de 12.000 millones de dólares (1,8% del PBI). Un número que, dicho así, suena tan astronómico que parece diseñado para espantar a la más osada de las bancadas.
El cálculo, aseguran los expertos del oficialismo, lo hicieron sobre los dictámenes de mayoría, que al menos en el caso la moratoria está claro que no será el que avance en el recinto si se abre la discusión. La oposición, en tanto, sigue trabajando a destajo para garantizar el quórum, ese escurridizo número que define el destino de las sesiones.
«Una vez más, el kirchnerismo con sus actuales aliados -que hasta ayer eran enemigos íntimos, demostrando una flexibilidad ideológica sorprendente- con falsa demagogia y total irresponsabilidad, proponen una sesión con proyectos de ley que, de aprobarse, tendrían un costo fiscal de más de 12.000 millones de dolares. (1.8% PBI). Se esconden una vez más detrás de causas nobles con el solo fin de intentar romper el equilibrio fiscal que tanto nos costó conseguir», salió a presionar Menem en las redes sociales, ese campo de batalla moderno donde se libran las guerras políticas.
En esa misma línea, con un tono casi apocalíptico, agregó: «Sólo pretenden hacernos retroceder en el camino que el Gobierno Nacional ha fijado y que la gente ha revalidado en las últimas elecciones locales que se fueron desarrollando. No caigamos en la trampa de quienes se empeñan en que el gobierno fracase, con el único objetivo de volver al poder y sostener sus privilegios«. Un discurso que, aunque repetitivo, sigue gozando de cierta aceptación entre un sector del electorado.
cobos y el zarpazo presupuestario
El radical Julio Cobos, sin perder el tiempo, fue el primero en contestarle a Menem, y lo hizo apuntando a un flanco débil del oficialismo: la prórroga por decreto que el presidente Javier Milei hizo del Presupuesto de este año. «Habilite la discusión del Presupuesto y los diputados le indicaremos la asignación de las partidas con equilibrio fiscal. Evitemos la discrecionalidad que esta situación -por 2 años consecutivos- le permite. La SIDE no es prioridad, sí lo son jubilaciones, salud y educación«, lanzó el mendocino, con la puntería de un francotirador experimentado.
Habilite la discusión del Presupuesto y los diputados le indicaremos la asignación de las partidas con equilibrio fiscal. Evitemos la discrecionalidad que esta situación -por 2 años consecutivos- le permite. La SIDE no es prioridad, sí lo son jubilaciones, salud y educación.
— Julio Cobos (@juliocobos) May 30, 2025
Sobre la cuestión previsional, que suele ser un campo de batalla recurrente, hay tres proyectos sobre la mesa: la actualización global de las jubilaciones en un 7,2%; el incremento del bono actual congelado en la módica suma de 70 mil pesos a 105 mil o 115 mil; y la extensión por dos años de la moratoria que el Gobierno, con una frialdad digna de un témpano, dejó caer en marzo.
La extensión de la moratoria es el proyecto de Unión por la Patria que logró obtener dictamen de mayoría, demostrando que, a pesar de las diferencias internas, aún pueden ponerse de acuerdo en algo. Sin embargo, los bloques del medio, esos que se definen a sí mismos como “dialoguistas” (o “indecisos”, según la perspectiva), negocian otra opción: la de fijar un piso básico y que sobre eso se calcule un monto proporcional a los años de aportes realizados. Una suerte de “sálvese quien pueda, pero con un mínimo de dignidad”.
El oficialismo, siempre atento a los números rojos, plantea que la moratoria tiene un costo fiscal de 0,2% del PBI, mientras que la actualización jubilatoria y del bono implica un 1,3% del PBI. Cifras que, una vez más, parecen querer justificar la falta de acción.
Sin embargo, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), un organismo técnico que suele ponerle números fríos a las pasiones políticas, estableció que la moratoria tiene un costo estimado del 0,084% del PBI para el primer año y del 0,081% para el segundo, totalizando un costo fiscal acumulado de 0,165% del PBI. Una diferencia sustancial con los cálculos oficiales, que alimenta las sospechas sobre la metodología utilizada por el oficialismo.
Sobre el bono, esa magra ayuda que reciben los jubilados además de sus haberes, la OPC plantea que si sube de los actuales $70 mil a $105 mil a partir de junio, el costo fiscal sería de 1.164.172 millones de pesos (0,14% del PIB), con un costo anualizado de 1.992.853 millones (0,23% del PIB).
En caso de que el bono fuera de $115 mil, el impacto llegaría a 1.500.961 millones de pesos (0,17% del PIB), con un costo anualizado de 2.567.477 millones (0,30% del PIB). Cifras que, por más elevadas que parezcan, palidecen frente a otras partidas presupuestarias.
Sobre la declaración de la emergencia en discapacidad, un tema tan sensible como necesario, el Gobierno, siempre con la calculadora en mano, calcula un costo fiscal de 0.3% del PBI.
La Oficina de Presupuesto del Congreso, con su habitual objetividad, plantea que declarar la emergencia podría aumentar el número de beneficiarios por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios. Esto implicaría un refuerzo fiscal de entre 1.889.371 y 3.627.495 millones de pesos. Este gasto es equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI. Números que, puestos en perspectiva, demuestran que la inversión en políticas sociales, por más necesaria que sea, siempre genera resquemor en las arcas del Estado.
