ONGs contra Milei: nuevo round en la batalla por la Corte
Cuatro organizaciones no gubernamentales (ONGs) presentaron un nuevo recurso de amparo contra el decreto 137 del presidente Javier Milei, que designó en comisión a Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia. El amparo, presentado por Fundación Poder Ciudadano, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cuestiona la constitucionalidad del decreto y solicita la suspensión de la jura de Lijo y que García-Mansilla no se avoque a las causas de la Corte.
La presentación recayó en el juzgado del juez federal Alejo Ramos Padilla, quien ya tiene en sus manos otros pedidos de medidas cautelares contra el mismo decreto. Ramos Padilla deberá decidir en las próximas horas sobre este nuevo amparo, considerando que la Corte Suprema se reunirá mañana para decidir si acepta una licencia extraordinaria solicitada por el juez Lijo. Esta decisión de la Corte podría impactar directamente en la efectividad de las medidas cautelares solicitadas por las ONGs.
El debate sobre la constitucionalidad del decreto
Las ONGs argumentan que el decreto 137/2025 es «manifiestamente inconstitucional» ya que viola la independencia judicial y se aparta del procedimiento ordinario para la designación de jueces. Sostienen que la designación en comisión solo se justifica cuando una vacante ocurre durante el receso del Senado, lo cual no se cumple en el caso de la vacante producida por la renuncia de Elena Highton de Nolasco hace tres años. Además, advierten que el Senado ha sesionado durante períodos ordinarios y extraordinarios sin que se haya logrado el acuerdo necesario para la designación de los jueces.
La vulnerabilidad política de los jueces designados
El escrito presentado por las ONGs también señala la vulnerabilidad política de los jueces designados en comisión, ya que necesitan dos tercios de los votos del Senado para su confirmación. Esto los haría susceptibles a presiones políticas, especialmente por parte de los gobernadores que tienen juicios en la Corte por la coparticipación impositiva. Las ONGs recordaron que la Corte Suprema ya ha funcionado con menos integrantes, dictando 802 fallos en febrero con solo tres miembros. Concluyen que la designación en comisión no debe utilizarse para sortear la falta de consenso democrático que exige la Constitución para la integración del máximo tribunal. La estabilidad en el cargo, argumentan, es la mayor garantía para la autonomía de criterio al resolver.
