Paritarias estatales: ¿Ancla inflacionaria o ajuste encubierto?
El Gobierno nacional insiste en que los magros aumentos salariales acordados en el sector público para enero y febrero (1,5% y 1,2% respectivamente) sirvan como referencia para las negociaciones paritarias que se inician en el ámbito privado. Esta estrategia, impulsada por el ministro de Economía Javier Milei, busca contener la inflación utilizando las paritarias estatales como un ancla. Sin embargo, los gremios denuncian una marcada pérdida del poder adquisitivo y anticipan que el Ejecutivo volverá a imponer aumentos unilaterales por debajo de la inflación.
Gremios en pie de guerra: Salarios de hambre y amenaza de despidos
Tanto UPCN como ATE, los principales sindicatos del sector público, coinciden en que la oferta salarial del Gobierno será insuficiente para compensar la inflación. Andrés Rodríguez, titular de UPCN, criticó el «parámetro de inflación mentiroso» utilizado por el INDEC y estimó una pérdida del poder adquisitivo superior al 20% desde la asunción de Milei. Por su parte, Rodolfo Aguiar, de ATE, describió una situación «crítica» con el 70% de los trabajadores estatales bajo la línea de pobreza, y anticipó el reclamo de una suma fija para recuperar el poder adquisitivo.
Despidos y exámenes de idoneidad: La otra cara del ajuste
A la preocupación salarial se suma la amenaza de nuevos despidos en la administración pública nacional. Con más de 57.500 contratos que vencen el 31 de marzo, ATE denuncia una «alerta máxima» por una nueva ola de cesantías. Según datos del Ministerio de Desregulación y Transformación, ya se recortaron 28 mil empleos en la administración pública nacional desde diciembre. En paralelo, más de 41 mil trabajadores estatales rindieron un examen de idoneidad impulsado por el Gobierno, con un porcentaje de aprobación superior al 98%. ATE calificó el examen como un gasto millonario e inútil que busca estigmatizar a los empleados públicos.
