El Peronismo Busca Destituir Jueces de la Corte Designados por Decreto
El peronismo afirma contar con los votos necesarios en el Senado para, en aproximadamente diez días, remover a los dos jueces de la Suprema Corte designados por decreto. Esta jugada se da en un contexto de alta tensión política y en un país caracterizado por la inestabilidad y la falta de seguridad jurídica.
La Suprema Corte se reunirá el jueves, con el debut de Manuel García-Mansilla, quien deberá definir su postura sobre su designación por decreto. El tribunal deberá decidir sobre la validez de la licencia otorgada a Ariel Lijo como juez en comisión. Si la Corte dilata la resolución, el peronismo podría avanzar con la destitución de ambos jueces. La estrategia peronista consiste en firmar el pliego de García Mansilla para habilitar el tratamiento en el recinto y, con ello, anular ambas designaciones.
Doble Fracaso Político y la Importancia de la Negociación
Tanto el peronismo como el Gobierno han cometido errores estratégicos en este escenario. El peronismo, que inicialmente se opuso a la designación de García-Mansilla, ahora se ve obligado a aceptarlo. El Gobierno, por su parte, asumió el costo político de la designación de Lijo, quien ahora complica la situación con su pedido de licencia. Ambos bandos erraron al no priorizar la negociación política, lo que llevó a la designación por decreto y al actual conflicto.
El CriptoGate y las Tensiones en el Oficialismo
El discurso de Javier Milei en la inauguración del año legislativo estuvo marcado por la polémica. Sin embargo, las declaraciones de Mauricio Claver Carone, exfuncionario del gobierno de Trump, sobre el CriptoGate, generaron mayor impacto. Claver Carone anunció investigaciones en Estados Unidos y criticó al equipo de Milei por «errores innecesarios y autogolpes», señalando específicamente a Guillermo Francos y Luis Caputo. Estas críticas se suman a la tensión existente entre el oficialismo y la oposición, que exige explicaciones sobre el caso en el Congreso.
Mientras tanto, en el oficialismo se debate la necesidad de que el Congreso investigue el CriptoGate. Algunos legisladores, como Miguel Pichetto y Oscar Agost Carreño, exigen la comparecencia de funcionarios involucrados, como Guillermo Francos, Luis Caputo y Manuel Adorni. El oficialismo, por su parte, minimiza el caso y sugiere esperar el informe bimensual de Francos a la Cámara. Este conflicto se suma a la presión por la reforma previsional y fiscal, que promete un año legislativo tumultuoso para el gobierno. El tiempo dirá si la estrategia del oficialismo de minimizar el caso resulta efectiva o si, por el contrario, la presión política y las investigaciones en Estados Unidos terminan por agravar la situación.
