Un plan secreto que abre el paraguas
El documento de 170 páginas, entregado a la comisión bicameral de Inteligencia del Congreso en octubre pasado por el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, delinea “diez lineamientos estratégicos” para el gobierno de La Libertad Avanza. Este plan, al igual que sus predecesores, busca «identificar, reunir y analizar información» sobre asuntos tradicionales como el conflicto de Malvinas, la Antártida o el terrorismo internacional.
No obstante, fuentes parlamentarias y un ex funcionario de inteligencia, consultados bajo estricto off the record, revelaron aspectos que amplían el espectro de vigilancia. Entre los objetivos figuran “actores estratégicos” que intenten “erosionar” la confianza en la economía o la credibilidad del sistema financiero, grupos mapuches que busquen la secesión, anarquistas locales y ciberoperadores que pongan en peligro la democracia.
La mirada sobre la economía y los «actores estratégicos»
Uno de los puntos que genera mayor preocupación en la oposición es el lineamiento que apunta a quienes intenten «erosionar» la credibilidad del sistema financiero, afectar la confianza en la política económica o difundir fake news sobre el gobierno. Si bien «en ninguna parte del documento se habla específicamente de periodistas, opositores o economistas», un ex agente calificó como «un grave error político hablar de actores estratégicos» en ese contexto, dada la amplitud de la definición.
La ley prohíbe a la SIDE realizar inteligencia sobre política interna. No obstante, señalar un «actor estratégico» en abstracto es distinto a emitir una Orden de Observación (OB), la cual implica seguimientos o interferencias en comunicaciones sin orden judicial, lo que constituye un delito.
Objetivos compartidos y el eterno desafío del SIN
Según las fuentes, la mayoría de los objetivos recaen sobre la SIDE, pero algunos son compartidos con otros organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). La Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), bajo la órbita de Luis Petri, tendría injerencia en temas como Malvinas. Por su parte, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), dependiente de Patricia Bullrich, se enfocaría en crimen organizado y narcotráfico. Desde 1983, el SIN ha enfrentado dificultades para funcionar coordinadamente.
El plan también incluye lineamientos que buscan identificar actores que frenen el desarrollo económico, afecten cadenas de abastecimiento o impulsen maniobras para la cartelización. Esta perspectiva remite a acciones de inteligencia desplegadas durante la gestión de Cristina Kirchner para investigar supuestos «golpes de mercado».
De los separatistas a las «narrativas» digitales
Otros objetivos llamativos incluyen la identificación de actores que impulsen “relatos” mediante Inteligencia Artificial u otros recursos para desestabilizar instituciones democráticas o influir en elecciones. También se menciona la preocupación por «terceros del exterior que promueven la ‘desinformación'», apuntando, quizás, a tácticas como las que se le atribuyen a trolls operando en otros países.
El plan también se ocuparía de «alterar» con información falsa la toma de decisiones gubernamentales. Además, propone estudiar tendencias mundiales que representen “riesgos y amenazas” para la democracia y el orden constitucional, un objetivo recurrente en este tipo de documentos.
Un capítulo específico aborda la necesidad de buscar información sobre acciones que promuevan la “discriminación y odio contra minorías» e identificar a «xenófobos o ultranacionalistas”. La inclusión de los «anarquistas» bajo la lupa, en particular su contacto con grupos internacionales, también generó expectación, recordando ataques recientes en el país. Se menciona la preocupación por la “radicalización política” y el potencial de estos grupos para cometer ataques en la vía pública.
Referido a “acciones separatistas” contra el Estado nacional, las fuentes indicaron que el plan se enfocaría en grupos mapuches radicalizados como la RAM. Asimismo, el documento contempla la colaboración de la SIDE en la seguridad física de altos funcionarios, jueces y legisladores.
Finalmente, el plan se extiende a la prevención de ataques contra la “infraestructura estratégica”, como centrales nucleares.
Ciberseguridad y la Deep Web en la mira
Los capítulos más extensos del documento se centrarían en ciberataques, haciendo referencia a amenazas contra «infraestructuras críticas digitales», espionaje, ransomware, phishing y otros tipos de cibercrimen. La SIDE ha creado una Agencia de Ciberseguridad para abordar estos desafíos.
Se buscaría identificar “ciberoperadores” vinculados a terceros países o actores que utilicen Inteligencia Artificial o Big Data para atacar la democracia. Además, el plan apunta a reconocer a quienes impulsan “narrativas” desde la Deep Web con el fin de operar contra las instituciones.
