La polémica por las Unidades Retributivas reavivada en el Gobierno de Milei
Una nueva decisión administrativa que modifica el régimen de asignación de Unidades Retributivas (UR) ha generado controversia entre los gremios estatales. La Decisión Administrativa 7, publicada en el Boletín Oficial, ha sido interpretada por algunos sindicatos como un posible aumento encubierto para funcionarios o una forma de recompensar a empleados de áreas que han sufrido recortes de personal.
El Gobierno se defiende: orden y eficiencia, no aumentos
Fuentes del Ejecutivo Nacional desestiman las acusaciones y aseguran que la medida no implica aumentos discrecionales. Argumentan que la DA 7 busca «ordenar» un sistema preexistente que califican de «confuso» y establecer criterios objetivos para la asignación de las UR. Según explicaron, el objetivo es premiar la productividad, las iniciativas y los méritos relevantes del personal, en línea con la estrategia de racionalización del gasto público. Aseguran que los salarios de ministros y secretarios se mantienen congelados desde diciembre de 2023.
Gremios en alerta: ¿premio o castigo?
Rodolfo Aguiar, titular de ATE, considera que la nueva normativa permite a los funcionarios «incrementarse sus sueldos en proporción al ahorro generado por el despido de trabajadores». Aguiar calificó esta práctica como propia de «la casta repartiéndose nuestros salarios» y reiteró el llamado a un paro de estatales. UPCN, por su parte, advierte sobre la discrecionalidad en el manejo de las UR por parte de ministros y la Secretaría General de la Presidencia, señalando que los montos en juego en los ministerios más grandes podrían alcanzar los 120 millones de pesos. La DA 7 deroga normativas anteriores y establece la asignación de UR a la Vicepresidenta, Jefe de Gabinete, Ministros, Secretarios de Presidencia y titulares de organismos descentralizados. Cada UR equivale a 800 pesos y se utiliza para calcular salarios y otorgar suplementos por mérito.
