Polémica en torno al Operativo Roca: ¿Militares con facultades policiales?
El ministro de Defensa, Luis Petri, se encuentra en el centro de la controversia tras la implementación de nuevas «reglas de empeñamiento» para el Operativo Roca en las fronteras de Salta y Jujuy. Estas normas, que permiten a los militares la detención transitoria de civiles en flagrancia, han generado fuertes críticas por parte de ex ministros de Defensa, Horacio Jaunarena y Ricardo López Murphy, quienes cuestionan la legalidad de la medida.
Petri defiende su decisión argumentando que la ley de ministerios, la ley de defensa, el Decreto 1112/24 y las propias Reglas de Empeñamiento (RDE) brindan el marco legal necesario para la actuación de las Fuerzas Armadas en este tipo de operativos. Según el ministro, «de acuerdo al Código Procesal Penal de la Nación, la aprehensión en flagrancia puede ser realizada por la policía, por cualquier otra autoridad o incluso por una persona común».
Sin embargo, López Murphy considera que «no tienen protección jurídica suficiente, ya que la ley de Seguridad Interior impide el empleo de las Fuerzas Armadas en este tipo de misiones». Jaunarena, por su parte, advierte sobre un «conflicto entre las leyes vigentes y la posibilidad de que los militares arresten personas en una función policial». Ambos coinciden en la necesidad de actualizar las leyes de Defensa y Seguridad Interior para adecuarlas a la realidad actual.
El despliegue militar en la frontera norte: ¿Necesario o excesivo?
Petri asegura que el despliegue de tres brigadas del Ejército, con una presencia constante de no menos de 1300 efectivos, junto a radares, medios aéreos y drones, es fundamental para la protección de la frontera. «Argentina es el octavo país en dimensiones con una amplia frontera que debe proteger», justifica el ministro, quien además destaca que la vigilancia y el control de las fronteras son funciones inherentes a la Defensa Nacional.
López Murphy, en cambio, considera «absolutamente innecesario» el despliegue militar, argumentando que «la República Argentina es uno de los países que cuenta con mayor cantidad de personal de seguridad en relación con la población». Para el ex ministro, la solución pasa por «poner la casa en orden y destinar a cada fuerza a su misión específica». Jaunarena, si bien reconoce la necesidad de un mayor control en la frontera, atribuye la situación actual a «la obsolescencia de nuestra legislación vigente, decisiones políticas incorrectas, y la desviación del personal de Gendarmería a tareas policiales en grandes centros urbanos».
Debate sobre el marco legal para la actuación de las Fuerzas Armadas
La polémica en torno al Operativo Roca pone de manifiesto la necesidad de un debate profundo sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. Mientras Petri insiste en que el marco legal vigente es suficiente, Jaunarena y López Murphy reclaman una modernización del sistema legal que defina con claridad las funciones y responsabilidades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, especialmente en el contexto de las nuevas amenazas y desafíos que enfrenta el país. Jaunarena propone «terminar con la concepción según la cual se dividen de manera absoluta las funciones de las Fuerzas Armadas y las de Seguridad», abogando por una actuación complementaria entre ambas.
