El debate sobre la moratoria previsional y la actualización jubilatoria puso al desnudo las diferencias que existen en el PRO a días de las elecciones porteñas. Al menos eso quedó reflejado en la Cámara de Diputados, donde un sector que responde a Mauricio Macri decidió presentar una propuesta propia, con un fuerte reclamo al Gobierno, y mientras otro fue impulsado por los legisladores que están alineados con la Casa Rosada y que vienen jugando como aliados del oficialismo.
Esta división pretende ser aprovechada por la oposición que apura una amplía reforma previsional, que incluye la modificación a la ley de moratoria, una nueva versión de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y la actualización del bono que refuerza los haberes mínimos. Está claro que estas iniciativas ya generan tensión en la relación con la Casa Rosada, que quiere mantener el ajuste fiscal para cumplir con los compromisos establecidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Durante un plenario de las comisiones de Previsión Social y de Presupuesto, que fue convocado para tratar una serie de proyectos relacionados con la moratoria jubilatoria y la mejora en los haberes previsionales, el PRO presentó dos dictámenes.
Uno fue explicado por Silvana Giudici, quien habló de un sistema previsional «inviable», cuestionó al kirchnerismo por la crisis jubilatoria y propuso una reforma integral. Para eso planteó la creación de una comisión que esté integrada por los presidentes de las comisiones de previsión de Diputados y el Senado junto a representantes del Ejecutivo, la eliminación de las jubilaciones de privilegio y la transferencia de las cajas que aún están en manos de las provincias.
En tanto, Daiana Fernández Molero, una diputada del riñón macrista, fue con una propuesta de la Fundación Pensar que comanda María Eugenia Vidal. La diputada reclamó al Gobierno que haga algo para atender la crisis de los jubilados. En rigor, el macrismo se opone a la moratoria y busca una reforma total del sistema con un régimen basado en la proporcionalidad de los aportes.
Esto generó fuertes cruces en el interior de la bancada que comanda Cristian Ritondo, ya que un sector mayoritario busca defender el equilibrio fiscal de la administración de Javier Milei y el grupo más cercano a Mauricio Macri quiere marcar agenda en un contexto de intensas tensiones entre ambos líderes.
El dato político fue que el dictamen de Giudici sumó 7 firmas del PRO contra 5 del grupo referenciado con CABA. «Nada que produzca un agujero fiscal lo vamos a acompañar», dijeron desde sector amarillo aliado a la Casa Rosada, cuyo despacho sumó 21 firmas al contar con las adhesiones de La Libertad Avanza, el MID y los radicales libertarios.
Los K suman aliados para poner en jaque a Milei
En este escenario, el kirchnerismo, Encuentro Federal, los radicales díscolos de Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y la izquierda buscan apurar la aprobación de una reforma que podría dejar en jaque el equilibrio fiscal del Gobierno.
Para eso, la oposición dividió el debate en temas con el objetivo central de sumar el apoyo de los dialoguistas que están en duda. Por eso se presentaron dictámenes vinculados con la moratoria y un régimen basado en la proporcionalidad de los aportes y otro vinculado con el bono y la actualización de los haberes.
Con los dictámenes firmados, la mesa opositora que integran la camporista Paula Penacca; la radical Carla Carrizo; Oscar Agost Carreño, del bloque de Miguel Angel Pichetto; y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, tratarán de ponerle fecha a la sesión.
La intención es convocarla para el 20 o 21 de mayo con sólo los temas previsionales aunque también se buscará definir las autoridades de la comisión investigadora del escándalo cripto, que quedó estancada al terminar empatada la votación en la reunión constitutiva.
Por lo pronto, el kirchnerismo presentó el dictamen de mayoría que impulsa una moratoria previsional de 2 años, prorrogable por igual plazo, mientras que modifica el acceso a la PUAM estableciendo que las mujeres la puedan solicitar a partir de los 60 años mientras que para los hombres se mantiene en los 65 años, que es la edad fijada en la normativa vigente.
Además eliminan la incompatibilidad de la PUAM con las pensiones por viudez y establece la compatibilidad con cualquier modalidad de trabajo registrado que no implique ingresos iguales o superiores a 3 salarios mínimos, en la actualidad sería de un total de $ 924.000.
Nicolás Massot busca sumar el apoyo de toda la oposición para avanzar con la reforma previsional. Foto: Juano Tesone.Encuentro Federal, con el acompañamiento de Democracia para Siempre, el espacio que responde a Martín Lousteau y Facundo Manes, proponen un programa de creación de una prestación proporcional para la vejez.
«Si no va a estar más disponible la moratoria, si no le vamos a permitir a nadie más comprar los años que le falten para jubilarse, tengamos la decencia, por lo menos, de reconocerle los años que sí hayan aportado», fundamentó Nicolás Massot al presentar la propuesta.
En rigor, el bloque de Pichetto quiere eliminar el requisito de 30 años de aporte y que se cuente cada año de aporte, con un piso que sea la PUAM.
En un segundo dictamen, el kirchnerismo impulsa un incremento excepcional de las jubilaciones y pensiones equivalente al 7,2 % al tiempo que lleva la ayuda económica previsional a un monto máximo de $ 115.000, actualizada mensualmente según IPC.
Sobre este punto, Encuentro, que sumó el apoyo de Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, quiere llevar el bono de $70 mil a $100 mil incluyéndolo en el haber. Fuentes legislativas coincidieron que la propuesta presentada por Massot podría ajustarse para conseguir los apoyos necesarios para aprobar y blindar la reforma sin que pueda ser vetada por Milei.
El impacto fiscal de un aumento en las jubilaciones
En forma paralela, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) presentó datos del impacto fiscal de la extensión de las moratorias y el aumento del bono previsional.
La prórroga por dos años del programa de regularización previsional tiene un costo estimado del 0,084% del PBI para el primer año y del 0,081% para el segundo, llegando a un acumulado del 0,165% del producto.
Asimismo, el informe señala que si los beneficiarios de la PUAM optaran por el beneficio contributivo se calculó que existirían 441.226 nuevos beneficiarios.
En tanto, si el valor del bono que refuerza los haberes mínimos subiera de $70.000 por mes a $105.000 a partir de junio, el costo fiscal sería de $1.164.172 millones (0,14% del PBI), con un costo anualizado de $1.992.853 millones (0,23% del producto). Y si se lleva a $115.000 el impacto llegaría a $1.500.961 millones (0,17% del PIB), y el acumulado llegaría a $2.567.477 millones (0,30% del PIB).
