Pugna en el Senado por la Corte Suprema: ¿Vale la firma de Mayans?
El bloque de Unión por la Patria (UxP) en el Senado busca consolidar un dictamen de rechazo a la nominación de Manuel García-Mansilla como ministro de la Corte Suprema de Justicia, cuestionando la validez de la firma del senador José Mayans, jefe de la bancada oficialista, por su ausencia en la audiencia pública del candidato. Esta maniobra busca no solo bloquear el ascenso de García-Mansilla, sino también el del juez federal Ariel Lijo, ambos designados en comisión por Javier Milei.
La controversia se centra en la interpretación de los artículos 105 y 123 del reglamento del Senado. Mayans argumenta que la normativa no exige su presencia para firmar el dictamen, amparándose en la práctica habitual de circular los despachos entre las oficinas de los legisladores. Sin embargo, la presidenta de la comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri, cuestiona la validez de la firma, alegando la ausencia de Mayans en la audiencia pública de García-Mansilla. «El Presidente viola la Constitución […] y vienen a cuestionar mi firma de senador», protestó Mayans, defendiendo su postura y criticando la designación por decreto de los jueces.
El peronismo insiste en que la presencia de los senadores solo es necesaria para el quórum, recordando el caso de Lijo, cuyo dictamen se conoció meses después de su audiencia gracias al apoyo del peronismo. Además, señalan que durante el tratamiento de los pliegos de la Corte se realizaron reemplazos entre senadores del mismo bloque sin objeciones.
La UCR, la clave para el quórum
La definición del conflicto recae en la Unión Cívica Radical (UCR). Si el peronismo logra validar la firma de Mayans, sumaría los siete votos de UxP más los de Lousteau y Tagliaferri, alcanzando los nueve necesarios para habilitar el debate en el recinto. Sin embargo, la UCR se encuentra dividida: algunos senadores, inicialmente dispuestos a acompañar el rechazo, retrocedieron por temor a «aparecer firmando con el kirchnerismo». El senador Vischi, alineado con el gobierno, busca frenar cualquier intento de llevar el debate al recinto. Las opciones para el peronismo se reducen a Mariana Juri y Maximiliano Abad, quienes podrían proporcionar la firma faltante para solicitar la sesión especial.
Negociaciones y antecedentes
El peronismo ha expresado su voluntad de diálogo, pero exige una «negociación seria». El gobierno tiene pendiente el envío de alrededor de 200 pliegos judiciales, lo que podría ser una moneda de cambio en la negociación. Además, un senador del bloque UxP recordó una nota presentada al jefe de Gabinete advirtiendo que se rechazarían los pliegos de candidatos designados por decreto, buscando presionar a los senadores oficialistas a mantener una postura unificada.
Finalmente, incluso si la oposición logra rechazar los pliegos, el gobierno argumenta que esto no afectaría los mandatos transitorios de García-Mansilla, quien ya juró, ni de Lijo, en caso de que lo hiciera, mientras esté vigente el decreto que los nombró hasta fin de año. La decisión final sobre la fecha de la sesión recae en la vicepresidenta Victoria Villarruel, titular del Senado.
