Lluvia de críticas al decreto presidencial que nombra jueces en la Corte
Organizaciones de la sociedad civil, colegios de abogados y entidades de derechos humanos cuestionaron duramente el decreto presidencial 137/2025 que designa en comisión a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El principal argumento es que este mecanismo compromete la independencia judicial y elude el proceso constitucional establecido para estos nombramientos.
Cuestionamientos a la legitimidad del proceso
El Colegio Público de la Abogacía de la CABA, presidido por Ricardo Gil Lavedra, advirtió que «la designación en comisión de jueces de la Corte Suprema […] compromete seriamente la independencia judicial y pone en riesgo la confianza pública». Señalan que la Constitución exige un proceso complejo con intervención del Senado y una mayoría agravada de dos tercios, mientras que un juez designado provisoriamente se encuentra en una situación de fragilidad que podría condicionar su desempeño. La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) coincidió en que el decreto «implica el ejercicio de un acto de gobierno extraordinario utilizado de un modo tangencial […] ante la falta de consenso institucional».
Falta de perspectiva de género y cuestionamientos a la idoneidad
Otro punto de controversia es la falta de nominación de una mujer para el máximo tribunal. La FACA señaló que esta ausencia «violenta las normativas nacionales e internacionales de respeto por el género» y ubica a Argentina en una posición «opaca» en la región. A esto se suma el rechazo expresado por diversas entidades a la candidatura de Lijo, cuestionando su idoneidad para el cargo. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, presidido por Alberto Garay, manifestó su «pronunciamiento fundamentado contra la postulación de Lijo» y destacó la «notoria falta de calificación para tan alta magistratura, tanto técnica como moral». Organizaciones como ACIJ y Amnistía Internacional también calificaron la decisión presidencial como «un avance indebido del presidente sobre el Poder Legislativo» y una «grave afectación a la independencia judicial».
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