Dirigentes opositores alzaron su voz este miércoles para criticar con vehemencia la reforma en el estatuto de la Policía Federal Argentina (PFA), implementada a través de un decreto. La controversia se centra en las nuevas cláusulas que otorgan a la fuerza atribuciones amplias y, según los críticos, excesivas, como la capacidad de realizar ciberpatrullaje y requisas sin la necesidad de contar con una orden judicial previa.
Uno de los primeros en manifestar su inquietud fue el diputado José Glinski, referente de Unión por la Patria y vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior. Glinski, con el expertise que le otorga su pasado como exjefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, advirtió sobre la metodología empleada para introducir estos cambios, destacando la ausencia de un debate y consenso en el ámbito parlamentario.
«Lo que quieren es conseguir mayores atribuciones, hacerlo de manera autoritaria, y la reforma contiene en su articulado aspectos muy cuestionables», afirmó Glinski en declaraciones a El Destape, subrayando la naturaleza «autoritaria» de la medida.
El legislador cuestionó que modificaciones de tal envergadura, que impactan directamente en aspectos cruciales como las funciones de seguridad interior y los códigos procesales, no hayan sido sometidas al escrutinio y la deliberación del Congreso nacional. Para Glinski, esta omisión evidencia una contradicción en el accionar gubernamental.
«La norma es un problema porque legaliza lo que el Gobierno viene haciendo. Si no tenés control parlamentario hay un avasallamiento del Poder Legislativo y Judicial», sentenció Glinksi, remarcando que la falta de control se traduce en una erosión de los equilibrios institucionales.
un decreto con polémica
El presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, impulsaron estas modificaciones en las fuerzas de seguridad, otorgándoles ahora atribuciones que la oposición califica de «discrecionales», entre las que se destacan el mencionado ciberpatrullaje y las requisas sin orden judicial.
El decreto en cuestión, identificado con el número 383/2025, fue dictado en el marco de las facultades delegadas por la Ley Bases. Su objetivo principal es reorientar la labor de la Policía Federal, destinándola exclusivamente a la prevención e investigación de delitos federales y aquellos considerados de alta complejidad.
La norma también consolida la transferencia de funciones de la PFA en materia de seguridad dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, culminando así un proceso iniciado en 2016. No obstante, el artículo 6 del decreto es el que genera mayor controversia al establecer que esta fuerza puede actuar en diversas situaciones sin la imperativa necesidad de contar con una orden judicial para proceder.
Preocupación en el parlamento
La preocupación trascendió las declaraciones de Glinski. Leopoldo Moreau, también diputado de Unión por la Patria, coincidió con su par al expresar su profunda inquietud por el decreto, considerándolo una confirmación de «la deriva autoritaria del gobierno de Milei».
“Esto quedó de manifiesto en los últimos días con la detención de (Juan) Grabois por orden del Poder Ejecutivo y el blindaje con vallas del Congreso, con fines intimidatorios, en cada movilización popular”, agregó Moreau, aludiendo a эпизодов recientes que, a su juicio, refuerzan esta percepción autoritaria.
Desde otro sector de la oposición, Mariela Coletta, de Democracia para Siempre, compartió la visión de que la reforma del Estatuto de la Policía Federal debería haber sido debatida en el ámbito parlamentario. “Lejos de dar más libertad, cada vez que pueden limitan más las libertades de los argentinos”, expresó, manifestando su disenso con la premisa subyacente a estas modificaciones.
En sintonía con sus colegas, el formoseño Fernando Carbajal, también de la misma bancada, fue aún más contundente al señalar que con este decreto «el gobierno ha establecido un virtual estado de sitio. Detenciones policiales sin control. Se consolida día a día el Estado autoritario”.
“Habilita a la Policía Federal a detener personas sin orden judicial, sólo por lo que publican, lo que visten o si participan de una manifestación –indicó en un posteo Margarita Stolbizer, quien agregó–. Esto no es ni orden ni libertad, es la más burda persecución y una vuelta al autoritarismo que tanto nos costó dejar atrás. Una república no puede convivir con miedo a que la gente sea detenida porque sí, por opinar distinto”.
