El Senado, convertido en un ring de boxeo político, debate el futuro de Lijo y García-Mansilla en la Corte Suprema.
La oposición, con la sutileza de un elefante en una cristalería, busca bloquear las nominaciones.
El oficialismo, haciendo malabares con el reglamento, intenta evitar una derrota que dejaría al Gobierno con menos poder que un teléfono sin batería.
¿Retiro de pliegos? ¿Continuidad de jueces en funciones sin acuerdo del Senado? El debate legal se mezcla con la rosca política, en un cóctel explosivo que podría redefinir el mapa del poder judicial.
Mientras tanto, el pueblo argentino observa el espectáculo con la misma resignación que cuando se corta la luz en pleno verano.
¿Retirada estratégica o derrota anticipada? El Gobierno evalúa el futuro de las nominaciones a la Corte Suprema
La posibilidad de un rechazo en el Senado a las nominaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema ha generado un terremoto político. Tanto desde el radicalismo como desde el propio oficialismo, se han elevado voces sugiriendo al Poder Ejecutivo el retiro de los pliegos para evitar una derrota que podría debilitar aún más su posición. Javier Milei, por su parte, mantiene silencio sobre su postura, lo que añade incertidumbre al ya complejo escenario.
El rol clave de la UCR y la presión sobre el oficialismo
La resistencia dentro del radicalismo, particularmente en la comisión de Acuerdos, ha sido un factor determinante en el desarrollo de la situación. La falta de consenso entre sus miembros ha funcionado como un dique para el avance de las nominaciones, dejando en evidencia las divisiones internas y la complejidad de las alianzas políticas. Esta situación ha llevado a que figuras clave del partido, como Eduardo Vischi, propongan abiertamente el retiro de los pliegos como una salida estratégica. Incluso, algunos gobernadores se han sumado a este pedido, transmitiendo su preocupación a altos funcionarios del Gobierno.
Disputas reglamentarias y el futuro de los jueces
La controversia en torno a las nominaciones ha reavivado el debate sobre los límites del Poder Ejecutivo y la validez de los procedimientos parlamentarios. La discusión sobre la firma del dictamen para habilitar el debate sobre García-Mansilla en el recinto es solo un ejemplo de la tensión existente. En caso de que el Senado rechace las nominaciones, el Gobierno se enfrentaría a un dilema crucial: ¿insistir en la continuidad de García-Mansilla en su cargo a pesar de la falta de acuerdo en la Cámara Alta? La decisión, sin duda, sentará un precedente y tendrá consecuencias significativas para el equilibrio de poderes en el país. Mientras tanto, el fantasma de la judicialización de la política vuelve a sobrevolar el escenario argentino.