La jueza federal María Servini, en una decisión que resonó en los pasillos de la política, declaró la nulidad de la intervención del Partido Justicialista salteño. La medida había sido impulsada por la titular nacional del partido, Cristina Kirchner, a través de los integrantes del Consejo, en un contexto de tensión tras la elección provincial donde el peronismo cosechó un resultado desfavorable. El fallo judicial llegó horas antes de una reunión virtual del Congreso partidario, donde, a pesar de las numerosas ausencias, se ratificó la intervención por amplia mayoría.
El PJ nacional, con sede en la histórica calle Matheu, había avanzado en febrero con la intervención de los partidos en Salta y Misiones. La maniobra se interpretó como una respuesta a la alineación de los legisladores que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz y Carlos Rovira con el Gobierno nacional. Estos diputados comparten el bloque Innovación Federal y varios senadores misioneros también se mueven en esa dirección. Los representantes salteños en la Cámara alta, sin embargo, mantienen una conexión directa con Cristina Kirchner.
El contragolpe salteño
Esteban Amat Lacroix, titular del PJ de Salta y alineado con el gobernador Sáenz, fue el encargado de presentar el planteo de nulidad ante la Justicia. Entre los fundamentos esgrimidos, se alegó que el verdadero motivo de la intervención era «amedrentar» a las autoridades provinciales que habían apoyado el desafío de Ricardo Quintela a Cristina Kirchner en la pulseada por la presidencia del partido. Asimismo, se sostuvo que buscaban «tomar el control» del distrito para que un interventor «designe a dedo» a los candidatos.
Para el caso de Salta, la intervención había recaído en manos de Sergio Berni y María Luz Alonso, dos dirigentes del círculo cercano a la ex mandataria. Sin embargo, en las elecciones legislativas provinciales celebradas hace menos de dos semanas, el peronismo kirchnerista, bajo el sello del Frente Justicialista, obtuvo un resultado magro, con apenas un 6% en la categoría a senador por la Capital.
«Les mandamos un saludo grande a los que nos intervinieron a un mes de la elección. No sacaron un solo diputado», ironizó Sáenz durante su discurso celebratorio, donde si bien conservó la hegemonía en la Legislatura, debió reconocer el triunfo de La Libertad Avanza en la Capital, el principal distrito provincial.
Fundamentos del fallo y futuro incierto
En su resolución, la jueza Servini consignó que la intervención debía ser dispuesta por el Congreso nacional del partido y no simplemente por el Consejo. Aunque desestimó los motivos políticos esgrimidos por los dirigentes alineados con el gobernador Sáenz, al considerar que «los argumentos esgrimidos no constituyen una fundamentación razonable y revelan únicamente la diferencia de criterios en relación a la acción política». En este punto, se refirió al posicionamiento de los diputados salteños como aliados del Gobierno en tratamientos clave como la Ley Bases o el mega DNU.
«La sola referencia hecha en el acta del Consejo a que algunos de los diputados nacionales de Salta habrían votado en sentido diferente al de algunos de sus colegas del mismo partido tampoco resulta fundamento suficiente para disponer la intervención de un distrito», sentenció Servini, dando un espaldarazo al sector de Sáenz.
A pesar del revés judicial, la reunión virtual del Congreso partidario, presidida por Gildo Insfrán, ratificó las intervenciones con 453 votos a favor y 38 en contra. No obstante, peronistas enfrentados a la conducción de Cristina Kirchner remarcaron el «quórum no tan holgado» (491 presentes sobre 900), evidenciando las ausencias de representantes de Salta, Misiones, Jujuy (otra provincia intervenida), San Luis, La Rioja, Tucumán y algunos bonarenses cercanos a Axel Kicillof.
Desde el kirchnerismo, transmitieron que con el pronunciamiento del Congreso, la intervención en Salta volverá a quedar firme. «El Consejo en su momento lo ad referéndum del Congreso, que ahora se expresó. Por lo tanto ya está subsanado lo marcado por la jueza», afirmaron cerca de la titular del PJ. Sin embargo, con la resolución de Servini en mano, el sector de Sáenz buscará retomar el control del partido en Salta, abriendo un nuevo capítulo en este conflicto político-judicial a pocos meses de las elecciones nacionales de octubre, donde la provincia elegirá senadores.
