El juez federal Sebastián Casanello ha ordenado una serie de medidas probatorias en la causa conocida como Ruta del Dinero K, que investiga una compleja red de lavado de dinero presuntamente liderada por Lázaro Báez, socio comercial de la ex presidenta Cristina Kirchner. La decisión del magistrado se produce luego de que la Cámara Federal porteña revocara el sobreseimiento de Kirchner en la causa y ordenara profundizar la investigación sobre su posible participación en las maniobras ilícitas.
Austral Construcciones bajo la lupa
Casanello ha encomendado a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCo) un minucioso análisis de las cuentas de Austral Construcciones, la empresa insignia de Báez. El objetivo es reconstruir el flujo de fondos desde la repatriación del dinero y determinar el destino final de los 55 millones de dólares que, según la justicia, fueron lavados entre 2010 y 2013. La investigación se centra en las operaciones de «cable» o «compensación», un mecanismo utilizado para transferir divisas al exterior y repatriarlas evadiendo los controles.
Bonos y la «Rosadita»: claves de la investigación
El juez también ha solicitado información pericial sobre la “maniobra de bonos” realizada entre diciembre de 2012 y abril de 2013, así como el depósito de cheques emitidos por la sociedad de bolsa producto de la venta de bonos de Helvetic Services Group. Estas operaciones se habrían realizado a través de la financiera SGI, conocida como «La Rosadita», que saltó a la fama por las imágenes de Martín Báez y otros ex socios de Lázaro contando fajos de dólares. La justicia busca determinar si estos movimientos financieros formaron parte del entramado de lavado de dinero y si Cristina Kirchner tuvo algún tipo de participación en ellos. La hipótesis que se investiga es que el dinero se utilizó para adquirir bonos de deuda pública que luego se liquidaron en el mercado local, simulando una inversión de una empresa fiduciaria suiza en Austral Construcciones.
La Cámara Federal y la reapertura de la causa
La decisión de reabrir la investigación contra Cristina Kirchner se basó en la queja presentada por la asociación civil Bases Republicanas, que cuestionó el criterio utilizado para excluir a la ex presidenta del expediente. La Cámara Federal, con la disidencia del juez Eduardo Farah, consideró que existían suficientes elementos para profundizar la investigación y determinar el rol de Kirchner en las operaciones de lavado de dinero. Los camaristas señalaron que no se había realizado una evaluación integral de la prueba, incluyendo los elementos presentados por el fiscal Diego Luciani en el juicio por la causa Vialidad, que revelaban la estrecha relación entre Báez y Kirchner y los beneficios mutuos obtenidos. A pesar de la reapertura de la causa y las nuevas medidas ordenadas por Casanello, el fiscal Guillermo Marijuan mantiene su postura inicial: considera que no existen pruebas suficientes para incriminar a la ex presidenta.
