La justicia investiga la presunta vinculación de Milei con el escándalo de la criptomoneda $LIBRA
El fiscal federal Eduardo Taiano ordenó allanamientos y el secuestro de dispositivos electrónicos en el marco de la investigación por la presunta implicación del presidente Javier Milei en el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. La causa, caratulada inicialmente como averiguación de delito, busca determinar si existieron «abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho».
Los allanamientos se realizaron en los domicilios de los empresarios Mauricio Novelli y Sergio Morales, y en la sede de su empresa Tech Forum. «Se procura establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA y qué participación tuvieron Javier Milei, Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales», sostuvo el fiscal Taiano en su dictamen.
El rol de los empresarios cercanos a Milei
La investigación se centra en determinar la relación entre Milei y los empresarios involucrados en la creación y promoción de $LIBRA. Novelli, fundador de una agencia que brindaba cursos de trading en la que Milei era profesor, es considerado una persona cercana al presidente. Además, Novelli y Terrones Godoy organizaron el evento TechForumAr 2024, donde Milei dio un discurso y se fotografió con los empresarios Julian Peh y Hayden Mark Davis, representantes de las empresas extranjeras «Kip Network” y “Kelsier Ventures”, vinculadas a $LIBRA.
Sergio Morales, quien recientemente renunció a su cargo de asesor en la Comisión Nacional de Valores (CNV), también está bajo la lupa. Morales asesoraba en temas relacionados con activos virtuales y tenía una sociedad con Terrones Godoy. La justicia investiga su participación en la promoción de $LIBRA y su posible influencia en la regulación del mercado de criptomonedas.
Las víctimas del «rug pull»
La fiscalía trabaja con la hipótesis de que al menos 40.000 personas fueron damnificadas por la abrupta caída del valor de $LIBRA, en una maniobra conocida como «rug pull». Se espera que el peritaje de los dispositivos electrónicos secuestrados arroje luz sobre las responsabilidades de cada uno de los involucrados y permita determinar si se cometieron delitos.
