Funcionarios puntanos, a la ruleta rusa del narcotest
En la provincia de San Luis, el azar define quiénes se someten a controles antidrogas. Sesenta funcionarios, entre ellos diputados, fiscales y directores de ministerios, fueron seleccionados mediante un sorteo realizado en la Lotería provincial para realizarse análisis toxicológicos. Esta peculiar metodología forma parte de la ley de «Ejemplaridad y Coherencia por parte de los Poderes Públicos en la Lucha contra el Narcotráfico», que busca detectar el consumo de sustancias como cocaína, marihuana y anfetaminas en los funcionarios públicos.
El sorteo, realizado el miércoles en la sede de la Lotería de San Luis, abarcó un universo de 1500 funcionarios de los tres poderes del Estado. De los 60 seleccionados, 46 pertenecen al Poder Ejecutivo, 12 al Judicial y 2 al Legislativo. Los análisis, que se realizarán en el laboratorio de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), tendrán un costo de $25.000 a cargo de cada funcionario. En caso de un resultado positivo, se podrá solicitar una contraprueba en la Universidad Nacional de Córdoba, con un costo considerablemente mayor: $140.000.
La ley de la bolilla: ¿Ejemplaridad o show mediático?
La implementación de esta ley ha generado controversia. Ricardo Bazla, secretario de Ética Pública y Control de Gestión, defendió la medida argumentando que busca evitar la contradicción de funcionarios que, mientras combaten el narcotráfico, consumen drogas adquiridas en circuitos ilegales. Sin embargo, algunos críticos cuestionan la efectividad de un sistema basado en el azar y lo consideran un show mediático.
Los sorteos se realizarán semanalmente, y el próximo lunes se definirán 180 nuevos candidatos a someterse a los análisis. La ley también prevé sanciones para quienes se nieguen a realizar el test, incluyendo la cesantía en el caso del Poder Ejecutivo y el juicio político o enjuiciamiento para los legisladores y magistrados.
Efecto dominó: Neuquén considera implementar medidas similares
La iniciativa de San Luis ha despertado el interés en otras provincias. El diputado neuquino Darío Peralta presentó un proyecto de ley para establecer exámenes toxicológicos anuales para funcionarios de los tres poderes del Estado. Peralta argumenta que un funcionario que cuida su salud también cuidará los recursos públicos y garantizará una mayor transparencia. A diferencia de la ley puntana, el proyecto neuquino propone análisis anuales y obligatorios para el acceso y permanencia en cargos públicos.
