Ministerio de Seguridad denuncia al juez Gallardo por «mal desempeño»
El Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, presentó una denuncia contra el juez porteño Roberto Gallardo por «mal desempeño» a raíz de un fallo que prohíbe la intervención de las fuerzas de seguridad federales en la custodia de una movilización de jubilados programada para el miércoles 9 de abril. La cartera de Seguridad argumenta que el magistrado exhibió una «indebida e ilegal intervención», basada en «intereses ideológicos», al impedir la aplicación del protocolo antipiquetes.
La denuncia, presentada ante el Consejo de la Magistratura, solicita la apertura de un sumario para investigar la conducta de Gallardo. El Ministerio considera que el juez «se esforzó para adecuar los hechos a sus intereses ideológicos en violación de la Ley». El fallo judicial responde a un amparo presentado por la CGT, la UTEP y la UEJN, quienes solicitaron que solo la Policía de la Ciudad de Buenos Aires intervenga en la seguridad de la movilización, citando supuestos «hechos de represión» en una marcha anterior el 12 de marzo.
Cruce de acusaciones y polémica en redes sociales
Fernando Soto, representante legal del Ministerio de Seguridad, argumentó que el pedido de las organizaciones sindicales se basó en «una situación futura e hipotética», y que el Ministerio Público Fiscal se opuso a la medida cautelar. Soto recordó que un pedido similar, presentado por el ex Secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Conti, ya había sido rechazado por «falta de legitimación activa». Según la denuncia, la jurisdicción en este caso correspondía a la Justicia Federal, no a un juzgado Contencioso Administrativo Tributario de la Ciudad. Soto, a través de un posteo en la red social X, acusó a Gallardo de ser un «militante de izquierda» que «hace política usando a la Justicia».
La justificación del juez Gallardo
En su resolución, Gallardo hizo lugar al amparo presentado por la CGT, la UTEP y la UEJN, considerando que existía un riesgo «cierto y razonablemente previsible» de «lesión a la integridad física, a la libertad de expresión y al derecho de reunión» de los participantes de la marcha. El juez fundamentó su decisión en «hechos pasados verificables y presumiblemente futuros», recordando episodios de violencia en manifestaciones previas en las cercanías del Congreso, y criticó la «actitud avasalladora y excesiva» del Estado Nacional al intervenir en la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
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