Negociaciones y tensiones en el Senado por la designación de jueces de la Corte
Tras el controvertido decreto de Javier Milei que designó a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia en comisión, el Senado se encuentra en un complejo escenario de negociaciones. La oposición, dividida, busca estrategias para destrabar el conflicto. Un sector busca anular los pliegos mediante una sesión especial, mientras que senadores cercanos al oficialismo proponen ampliar la Corte a 7 miembros, incluyendo dos mujeres, como una posible solución.
La propuesta de ampliación de la Corte y la postura del peronismo
La idea de ampliar la Corte Suprema a 7 miembros, con dos lugares para mujeres, busca destrabar la negociación con el peronismo y conseguir los dos tercios necesarios para aprobar las nominaciones. Esta propuesta, que ya había sido planteada por el kirchnerismo el año pasado, surge como alternativa ante la resistencia de un sector de la oposición que busca revocar las designaciones de Milei. El oficialismo considera que esta iniciativa sería una señal de apertura al diálogo, incluyendo otros cargos que requieren la aprobación del Senado, como el Procurador General y el Defensor del Pueblo.
El rol de Villarruel y las tensiones en la oposición
La vicepresidenta Victoria Villarruel, como titular del Senado, jugará un rol clave en el desarrollo de la situación. Su potestad para definir la fecha y hora de la sesión podría frenar la embestida de la oposición que busca anular los pliegos. A esto se suman las crecientes tensiones dentro del bloque de la UCR, evidenciadas en la última sesión donde se rechazó la investigación del caso de la criptomoneda $LIBRA promocionada por Milei. La incertidumbre sobre la postura de los radicales, sumada a la posible abstención de Alejandra Vigo y el eventual apoyo de senadores de Santa Cruz al oficialismo, complejizan aún más el panorama. Mientras tanto, en el oficialismo se mantiene la esperanza de que algunos senadores peronistas que ya avalaron el dictamen a favor de Lijo mantengan su postura, aunque reconocen la dificultad del escenario tras la designación en comisión por decreto. La posibilidad de retirar las nominaciones existe, pero se considera poco probable debido al costo político que implicaría para el Ejecutivo.
