La danza de los poderes: ¿reglamento o capricho?
La tensión escaló cual precio del dólar blue, luego de que el Poder Ejecutivo confirmara su intención de judicializar la reciente sesión del Senado. Dicha sesión, que vio la aprobación de proyectos trascendentales en materia jubilatoria y de emergencia en discapacidad, ha encendido nuevamente el debate sobre los límites y alcances de la autonomía parlamentaria en la República Argentina.
Desde la Casa Rosada, los argumentos pivotan sobre dos ejes principales: la reglamentación y el financiamiento. En lo que respecta a lo reglamentario, esgrimen el artículo 32 del Reglamento del Senado, que confiere al presidente de la Cámara la atribución de «hacer citar a sesiones ordinarias, especiales y extraordinarias». Asimismo, apelan al artículo 56, que establece las labores parlamentarias, es decir, las reuniones previas entre la presidencia de la Cámara y los jefes de bloque para consensuar la agenda. La tesis oficialista es clara: la «autoconvocatoria» no existe en el marco legal vigente y, por ende, la sesión resultaría ilegal.
A pesar de que el martes previo a la sesión se realizó una reunión entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y los jefes de bloque, tal como informó Clarín, la funcionaria habría transmitido su negativa a convocar por falta de acuerdo, aunque sí habría confirmado su disposición a presidir si la oposición lograba el quórum. Un acto de aparente buena voluntad que, una vez iniciada la sesión y ante los «dardos» provenientes de la Rosada, se transformó en la retirada estratégica de los legisladores oficialistas. ¡Vaya giro dramático!
La oposición se planta: autonomía legislativa y constitución
Frente a esta embestida, la oposición no se achica. Recuerdan que en la sesión preparatoria de febrero, el cuerpo legislativo fijó por unanimidad los días y horarios de sesiones ordinarias (miércoles y jueves a las 14), lo que, a su juicio, facultó a la Cámara para reunirse en esos días sin necesidad de una nueva convocatoria. Además, subrayan que la vicepresidenta, en su rol como miembro del Ejecutivo, debe garantizar el funcionamiento del cuerpo legislativo, no cercenar la voluntad soberana de los senadores. Insisten en que el Congreso goza de una autonomía institucional amparada por su reglamento interno y la mismísima Constitución Nacional. Si el Ejecutivo impidiera su funcionamiento, argumentan, se estaría vulnerando la sagrada división de poderes. Un concepto que, curiosamente, parece cobrar y perder validez según el cristal con que se lo mire.
La propia vicepresidenta Victoria Villarruel, en su respuesta a la ministra Patricia Bullrich, reconoció esta interpretación: «La sesión ordinaria del día de hoy fue estipulada en fecha y hora en la sesión preparatoria anual. Como vicepresidente cumplo con mi rol institucional el cual implica que presida las sesiones me gusten o no», sentenció, dejando entrever que, más allá de simpatías o antipatías, la silla está para usarse. Mientras tanto, en el Senado, el chiste sobre Bullrich y su famoso «Grupo A» no se hizo esperar. Parece que el humor fino también tiene su lugar en la alta política.
El dilema de los números: ¿gastos sin fondeo o previsión suficiente?
El segundo caballo de batalla oficialista radica en el aspecto fiscal. El gobierno sostiene que los proyectos carecen de fuentes de financiamiento explícitas. El mismísimo Presidente Milei, antes de la sesión, vociferó: «Tienen que explicar de dónde van a sacar los otros gastos, qué gastos van a quitar para poder financiar a esto. Si no, están violando la Ley de Administración Financiera. Con lo cual, difícilmente, si esto llegara a la Justicia, los jueces fallarían a favor de semejante dislate populista».
No obstante, la oposición contraataca asegurando que los textos sí contienen articulados que fijan hasta siete formas de financiamiento. Propuestas que van desde asignar parte de los fondos de la SIDE (otorgados por decreto) a los jubilados, hasta nacionalizar los fondos de los entes cooperadores que recaudan a través de los registros automotores. También mencionan el fin de una exención al impuesto a las Ganancias para las sociedades de garantía recíproca y la asignación de fondos que el gobierno «se ahorra desde noviembre del año pasado por la reducción de los recargos sobre los intereses de la deuda con el Fondo Monetario», entre otras ideas. Una verdadera ingeniería financiera digna de un programa de maestría, o de un mago de las finanzas, según la perspectiva.
Pero desde La Libertad Avanza (LLA) minimizan estas explicaciones, apuntando que las fuentes de financiamiento señaladas «no alcanzan para cubrir el total del costo fiscal que generarían». «El nivel de irresponsabilidad es superlativo. Votan leyes que no tienen fondeo y las explicaciones de cómo las financian NO CUBREN ni el 15% del costo. Así vienen manejando la Argentina los últimos 25 años: gastaron ilimitadamente y solo generaron pobreza», sentenció el presidente de Diputados, Martín Menem, echando más leña al fuego de la polarización política. ¡Como si fuera poco!
La justicia en el diván: entre la intromisión y la excepcionalidad
La historia nos muestra que son contadas las ocasiones en que la Justicia acepta inmiscuirse en cuestiones que atañen al funcionamiento de otro poder del Estado, especialmente el Legislativo. La respuesta habitual es que no les corresponde pronunciarse sobre la validez de un reglamento interno, cuya interpretación recae, lógicamente, en el propio Congreso. Una especie de «no te metas» judicial.
A principios de año, el ex senador entrerriano Edgardo Kueider intentó impugnar la sesión en la que fue expulsado, alegando que había sido presidida por Villarruel mientras Milei estaba de viaje, lo que, a su parecer, invalidaba el acto. La respuesta de los jueces fue contundente: “No corresponde a los jueces pronunciarse sobre los aspectos no reglados que atañen al funcionamiento interno de ese cuerpo, lo que implicaría una clara interferencia con las funciones que les son propias y exclusivas”. Queda claro que la cancha es chica para tantos jugadores, al menos en cuestiones de reglamento.
Durante la pandemia, con las sesiones virtuales como protagonistas, hubo múltiples judicializaciones. Incluso Cristina Kirchner recurrió a la Corte Suprema para que «despeje el estado de incertidumbre» sobre la validez de las leyes aprobadas bajo sistema remoto. En aquella ocasión, el Máximo Tribunal dejó en claro que el cuerpo legislativo tenía todas las atribuciones constitucionales para interpretar su propio reglamento en cuanto a la modalidad de sesionar. Un punto para la soberanía del Congreso, ¿verdad?
Sin embargo, la Justicia sí hizo lugar a un amparo presentado por Luis Juez cuando el kirchnerismo, en una jugada política digna de una serie de espías con presupuesto bajo, partió el bloque para asegurarse una banca extra en el Consejo de la Magistratura. Acá sí, la Corte Suprema sintió que la línea se había cruzado. Una muestra de que los precedentes son como las telarañas: a veces se pegan, a veces se rompen.
Finalmente, la Justicia tampoco cedió a los recursos presentados por el interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, también en plena pandemia, cuando denunciaban la ilegalidad de una sesión presidida por Sergio Massa. En ese caso, la respuesta fue prístina: «No corresponde al Poder Judicial intervenir y modificar la votación y decisión de cuestiones que son propias de los órganos correspondiente».
