El plan secreto que comienza a delinearse en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), bajo la conducción de Sergio Neiffert, arranca con un diagnóstico que no pasó desapercibido en los círculos políticos: una dura calificación de las últimas gestiones del organismo. Neiffert, quien asumió el cargo de «Señor 5» en junio del año pasado, con el respaldo del poderoso asesor presidencial Santiago Caputo, proviene de un perfil sin experiencia previa conocida en el ámbito de la inteligencia, con antecedentes ligados a la gestión de entidades como ACUMAR y Transener, y cargos políticos en Malvinas Argentinas y el Ministerio de Educación bonaerense durante la gestión de Daniel Scioli.
Según fuentes consultadas por este medio, Neiffert considera que las administraciones presidenciales de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Alberto Fernández en materia de inteligencia estatal estuvieron marcadas por un «fracaso». Al asumir, describe el estado de la SIDE como «grave» y en medio de un «proceso de destrucción».
### La herencia pesada de la ‘Casa’
Las críticas de Neiffert apuntan, en particular, a las gestiones de Agustín Rossi y, con mayor énfasis, a la de Cristina Caamaño, quien protagonizó la grave filtración de más de dos mil nombres de agentes y analistas a medios el 2020. Este incidente se produjo en el marco de una campaña de denuncias penales por presunto espionaje ilegal durante la administración macrista, en su mayoría posteriormente archivadas.
El documento elaborado por Neiffert también cuestiona la inclusión de la SIDE en la investigación de causas criminales comunes, una práctica que se habría profundizado durante el gobierno de Néstor Kirchner tras la ola de secuestros de 2004, cuyo caso emblemático fue el asesinato de Axel Blumberg.
### Espionaje interno y el debate sobre los ‘golpes de mercado’
Otro punto sensible abordado en el plan es la referencia a «prácticas espurias» de las gestiones anteriores, aludiendo al uso del organismo para espiar a opositores, jueces y periodistas. Un caso notable fue la denuncia penal presentada en 2015 por la entonces diputada y actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra la SIDE dirigida por Oscar Parrilli. La denuncia detallaba la emisión de «Órdenes de Observación (OB)» sobre figuras políticas de diversas bancadas, jueces y periodistas. Si bien la ley prohíbe a la SIDE realizar inteligencia sobre política interna, las denuncias al respecto han sido recurrentes desde 1983. Una cosa es identificar «actores estratégicos» y otra muy distinta es emitir una Orden de Observación que implique seguimientos o intervención de comunicaciones sin orden judicial, lo cual constituye un delito.
La causa penal por aquellos hechos aún se encuentra activa. Las fuentes precisaron que los objetivos de inteligencia delineados en el plan secretode Neiffert son principalmente para la AFI, aunque algunos se comparten con la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) –bajo la órbita del Ministerio de Defensa–, como los relacionados con las Islas Malvinas. Otros se comparten con la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) –dependiente del Ministerio de Seguridad–, que investiga delitos como el narcotráfico o el crimen organizado. Todos estos organismos integran el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), cuya coordinación efectiva ha sido un desafío constante.
Precisamente, el plan abordaría la conflictiva interna del SIN y la búsqueda de una coordinación plena entre la inteligencia civil, militar y criminal. Sin embargo, el debate sobre la inteligencia orientada a investigar «golpes de mercado» e intentos de desestabilización de la democracia no es nuevo. Ya en julio de 2015, un decreto de Cristina Kirchner que reglamentó la ley 27.126 puso a la AFI a la cabeza del SIN para abordar «problemáticas de defensa nacional y seguridad interior», incluyendo el terrorismo y los «atentados contra el orden constitucional y la vida democrática». En ese marco, se mencionaba explícitamente la posibilidad de investigar a «grupos económicos y/o financieros -empresas, bancos, compañías financieras, etc.- que lleven a cabo acciones tendientes a la desestabilización de gobiernos democráticos mediante corridas bancarias y cambiarias, desabastecimientos, golpes de mercado, etcétera». El debate, con sus aristas controversiales sobre los límites y objetivos de la inteligencia estatal, recién comienza nuevamente. Queda pendiente la pregunta sobre el rol de control que ejercerá la comisión bicameral de Inteligencia, cuya actuación fue poco visible durante la gestión previa.
